La Paz | Anf.- La indecisión presidencial de promulgar la Ley de Hidrocarburos, el complicado ingreso de Bolivia al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la inseguridad jurídica a las inversiones extranjeras, dificulta aún al Gobierno de Carlos Mesa lanzar el "Plan Bolivia Competitiva y Solidaria", que basa su ejecución en los tres factores para impulsar la reactivación económica y generar empleos estables.
Ayer, la reunión del gabinete ministerial abordó el análisis de este Plan Económico que plantea el aumento de la productividad, la competitividad, la integración, acceso a mercados, desarrollo de capacidades, transformación productiva de los sectores hidrocarburíferos, agrícola e industrial generando crecientes niveles de valor agregado.
La idea de construir una Bolivia económica y socialmente solidaria, generadora de empleos permanentes, tropieza con el temor gubernamental de que la nueva Ley de Hidrocarburos no signifique un verdadero incentivo para que las empresas petroleras y otras ratifiquen su nivel de confianza en el Estado boliviano.
Ese temor también radica en posibles litigios internacionales que pondrían a Bolivia en el plano de un país inseguro y de mayor riesgo por los conflictos sociales que agitan banderas de la nacionalización a inversiones externas que desarrollan la industria del petróleo, gas y telecomunicaciones.
Si los conflictos sociales ahuyentan capitales extranjeros, el objetivo central del Plan Económico que se propone generar empleos estables prácticamente estaría herido de muerte, según se conoció este domingo en Palacio Quemado, a pesar de la instructiva presidencia de no brindar ninguna información al país.
Ayer, las empresas bolivianas de servicios petroleros anunciaron la suspensión de su nivel de inversiones, si el presidente Carlos Mesa promulga la Ley de Hidrocarburos, que para las petroleras es confiscatoria a través de la carga tributaria que oscilaría entre el 66 y 152 por ciento.
Contratos sagrados
El otro factor que no contribuye a un posible éxito es el cada más complicado ingreso de Bolivia al Tratado de Libre Comercio que está condicionado a la vigencia de una "ley razonable" desde el punto de vista de Estados Unidos.
De hecho, en febrero de este año, cuando Bolivia ensayaba una negociación con Estados Unidos para el TLC-andino, en Washington se aguardaba una norma compatible con la inversión extranjera. La representante de Estados Unidos en la negociación del TLC, Regina Vargo, dijo en ese entonces que antes de que el país tome parte en las conversaciones, "hay cuestiones, entre ellas la Ley de Hidrocarburos, que Bolivia debe resolver para demostrar que respeta la inviolabilidad de los contratos".
Tres meses después, el Gobierno de Mesa ensaya una negociación bilateral con Estados Unidos para alcanzar un TLC que engrane con los beneficios que se lograron en el marco de la Ley de Preferencias Andinas y Lucha contra las Drogas (Atpdea).
El Plan Bolivia Competitiva y Solidaria incorpora "la decisión de participar" en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y acuerdos de libre comercio con los países de Asia, como en el caso de China, en el objetivo de diversificar mercados a productos agropecuarios y mineros exportables.
"La participación en el TLC permitirá un incremento en la producción y exportación de productores no tradicionales, destacándose textiles, cueros, joyería y muebles de manera, además de incorporar productos agroindustriales, especialmente de la industria alimenticia", dice un párrafo del Plan Económico que divulgó el Gobierno con la idea de concertarlo.
Una reunión dividida
Periodistas, fotógrafos y reporteros gráficos esperaron en vano ayer los resultados de la reunión de gabinete sobre la Ley del Gas y el Plan Económico. Se agruparon al frente de Palacio en uno de los bancos de la plaza Murillo.
Cerca de las 18:00, algunos ministros "escaparon" de la prensa y salieron, como ya es habitual, por la puerta del garaje para evitar contacto con los medios de prensa. Acabada la reunión, el presidente Mesa se quedó con su equipo económico y un grupo de asesores políticos para analizar el tema de la Ley de Hidrocarburos.
Al parecer una parte exigía la promulgación de la Ley del Gas para dar agilidad al Plan Económico y lanzar mensaje de seguridad jurídica para atraer inversiones y otro grupo tenía la idea de devolver al Congreso con observaciones para salvar la responsabilidad histórica de no ser autor de la promulgación de una ley que traería problemas legales al país.
Sin embargo el hermetismo palaciego no permitió conocer más detalles respecto al nivel del análisis producido en la reunión del gabinete de ministros, cumplida este domingo.
FRENTE AL TLC
El anhelo gubernamental del ingresar al Tratado de Libre Comercio podría quedar trunco si el contenido final de la Ley de Hidrocarburos deja insatisfecho a Estados Unidos que protege a sus empresarios que tienen inversiones en Bolivia. Con una "ley poco razonable", no hay TLC y sin Tratado el proyecto de apertura de mercados se quedará como tal.
"Está claro que la ley, en su forma actual, inhibe la inversión extranjera", sentenció por lado el subsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro de Estados Unidos, al referirse a la polémica Ley de Hidrocarburos.
Mesa se dan tiempo para analizar las consecuencias que traería la ley que es la base fundamental del Plan Económico que pretende generar políticas de reactivación con empleos estables hasta la gestión de 2007.
INCERTIDUMBRE
Gabinete genera falsa expectativa
La reunión de Gabinete Ministerial comenzó ayer a las 10:00 y ocho horas después, alrededor de las 18:00, concluyó sin un informe oficial, a pesar de la expectativa por la decisión del presiente, Carlos Mesa, de "vetar" o no la nueva Ley de Hidrocarburos, sancionada por la Cámara de Diputados.
Durante esta larga jornada, algunas decisiones sorprendieron a los periodistas que fueron destacados para la cobertura de la decisión presidencial.
Al mediodía, por iniciativa de la Dirección de Comunicación de la Presidencia, "se invitó" a los periodistas a dejar las instalaciones de Palacio Quemado.
Los oficiales de seguridad de Palacio informaron que un funcionario de bajo rango había dado la instrucción para que ningún comunicador acceda a las instalaciones de la casa de Gobierno hasta que sean las 14:30, de manera que se coincida con el horario de almuerzo.
De acuerdo con las previsiones iniciales de la misma Dirección de Comunicación de la Presidencia, se calculaba que la reunión de gabinete iría estar resuelta hasta las 13:00. No fue así y la espera duró hasta las 20:00 sin que ninguna autoridad informe al país, dada la importancia de los asuntos tratados.
Precisamente el mismo funcionario -encargado de la asistencia a los servicios de protocolo de la Presidencia- dio un informe a las 20:00 de ayer, señalando que "por ordenes superiores" se descartó la emisión de un mensaje o rueda de prensa.
Ésa es la importancia que el Poder Ejecutivo le dio a la nueva Ley de Hidrocarburos.
