Prefectos guardan silencio tras desafío de Evo Morales

LA PAZ | AP

Solo uno prefecto (gobernador) opositor había aceptado hasta el viernes el desafío del presidente Evo Morales de someter su puesto y los de esas autoridades regionales a un referendo para que la ciudadanía resuelva si siguen o no en sus cargos, en tanto los restantes cinco prefectos opositores mantenían silencio.

El ejecutivo estaba a la espera de que el Congreso le envíe el proyecto para promulgar la ley que convoca al referendo revocatorio y que fue aprobado el jueves por el Senado.

Sólo el gobernador opositor de La Paz, José Luis Paredes, declaró el viernes que está dispuesto a ir a un plebiscito. Los restantes cinco no se pronunciaron de inmediato.

"Yo voy a iniciar mi campaña", declaró Paredes a periodistas.

Bolivia cuenta con nueve departamentos, de los cuales seis son dirigidos por gobernadores contrarios a Morales.

El mandatario tiene en sus manos la responsabilidad de convocar a referendos revocatorios para su propio mandato y de los adversarios que han bloqueado la reforma constitucional que su gobierno promueve, pero esa inesperada salida aumentó la incertidumbre en la crisis política que vive el país.

El senador opositor Luis Vásquez dijo que "a partir de hoy (viernes) personalmente comenzará la campaña por el "no" a la continuidad de Morales.

El portavoz presidencial, Iván Canelas dijo que el "gobierno no tiene miedo a la consulta" porque encuestas propias aseguran que el mandatario tiene alto apoyo.

Si el Ejecutivo promulga la ley y convoca a referendo también deberá proponer la pregunta sobre la revocatoria. El texto de la consulta, aún no conocido, debería ser ratificada por el Tribunal Constitucional, actualmente paralizado tras la renuncia de cuatro de sus cinco miembros.

Promulgada la norma, "la votación debe realizarse en un término de 90 días" y en los siguientes 90 a 180 días se convocará a elecciones generales, si la ciudadanía ha aprobado la revocación de los mandatos.

El referendo revocatorio fue planteado por el propio Morales en diciembre cuando su gobierno enfrentaba una dura embestida opositora a raíz de la reforma constitucional, pero sus adversarios, que dominan el Senado, aprobaron el jueves sorpresivamente la ley en un momento de aparente debilidad del mandatario que soporta la presión de los autonomistas.

Sorprendido, el vicepresidente Alvaro García declaró a periodistas el jueves que "esa propuesta (revocatoria) hecha en diciembre, pertenece a una coyuntura pasada". Pero Morales llamó el mismo jueves a su gabinete de emergencia y aceptó el desafió.

"Que el pueblo diga quien sirve y quien no sirve para gobernar", dijo en un mensaje al país.

La coyuntura dio un giro inesperado y dejó en suspenso el diálogo al que convocó Morales a los prefectos (gobernadores) para compatibilizar el estatuto de autonomía de Santa Cruz con el proyecto constitucional que hasta el jueves se perfilaba como la mejor salida a la crisis.

El mandato del presidente y de los prefectos será revocado si el "no" alcanza una votación superior al porcentaje y al número de votos obtenido en la última elección. Morales fue electo en diciembre de 2005 con 53,7 % de los sufragios.

Además, la situación encuentra al organismo electoral en crisis a raíz de los referendos convocados por Santa Cruz y otras tres regiones que la corte nacional desautorizó porque no se ajustaron a la legalidad. En abierto desafío, la corte cruceña llevó adelante la consulta del pasado domingo por el estatuto de autonomía.

El presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni declaró el vienes que será necesario una "recomposición" de las cortes para garantizar la imparcialidad en los futuros comicios.

El analista político y profesor universitario, Fernando Mayorga opinó que el revocatorio, si se da, podría cerrar la posibilidad de un acuerdo político entre Morales y los prefectos para hallar una salida negociada a la demanda de autonomía de algunas regiones.

El plebiscito surge en momentos de profunda crisis política motivada por la reforma constitucional y los estatutos de autonomía que plantean dos visiones contrapuestas sobre el país.