La nacionalización de Vinto

Independientemente de la pertinencia o no de revertir al Estado la propiedad y administración del Complejo Metalúrgico Vinto, el Gobierno ha vuelto a poner en evidencia las cada vez más frágiles condiciones de seguridad jurídica que ofrece Bolivia a la inversión extranjera

La sorpresiva nacionalización de la fundidora Vinto, decretada el pasado viernes por el gobierno del presidente Evo Morales, ha reavivado en la comunidad internacional los temores de que el nuestro no es un país que ofrezca las mejores condiciones de seguridad jurídica a la inversión privada

A diferencia de la nacionalización de los hidrocarburos, la recuperación de Vinto al Estado será -según lo ha anunciado el propio Gobierno- confiscatoria; es decir, que el Estado Nacional retomará la propiedad sin indemnizar a la compañía suiza Glencore por sus derechos societarios ni las inversiones que pudiera haber efectuado como operadora privada de dicha fundidora.

El argumento expuesto por el Gobierno es que la privatización de la fundidora, realizada el año 1999, representó pérdidas económicas al Estado, lo cual pudo haber sido cierto. Habría que recordar, sin embargo, que desde esa privatización, Vinto ha tenido tres operadores distintos: la adjudicataria original fue la británica Allied Deals, la misma que posteriormente transfirió su propiedad a la empresa minera Comsur y ésta, finalmente, a la suiza Glencore.

Apelando al mismo efecto mediático de la nacionalización de los hidrocarburos, el Gobierno empleó la fuerza policial y militar para intervenir las instalaciones de la ex Empresa Nacional de Fundición (ENAF), y lo hizo aparentemente sin previo anuncio ni notificación a los operadores privados.

Como era de esperarse, el gobierno suizo ya expresión su molestia y no tardó en reclamar a su similar de Bolivia respeto a los derechos internacionales y a los convenios bilaterales vigentes que garantizan la seguridad a las inversiones privadas.

Como se verá, independientemente de la pertinencia o no de revertir al Estado la propiedad y administración del Complejo Metalúrgico Vinto, el Gobierno ha vuelto a poner en evidencia las cada vez más frágiles condiciones que ofrece Bolivia a la inversión extranjera.

En el caso de los hidrocarburos, la nacionalización aplicada por el Gobierno se tradujo, en los hechos, en un cambio de las relaciones contractuales con las empresas petroleras que operan en el país. Con la fundidora de Vinto, en cambio, se está confiscando y/o expropiando los bienes e inversiones de la operadora privada Glencore, sin siquiera haber ensayado un probable acuerdo satisfactorio entre partes que evite un desenlace traumático cuyas consecuencias están todavía por verse.

Todo parece indicar que la decisión del Poder Ejecutivo de intervenir Vinto tiene razones más políticas que técnicas, no sólo por el hecho de que una de las operadoras privadas haya sido la empresa minera Comsur, de propiedad del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sino sobre todo por los conflictos sociales (con la ciudad de Camiri, por un lado, y los cooperativas mineros, por otro) que la semana pasada debilitaron seriamente a la autoridad del Gobierno.

Sólo queda esperar, pues, que el Ejecutivo sepa contener los posibles efectos legales de su decisión; que la imagen de inseguridad jurídica que ofrece el país en la comunidad internacional sea revertida; y por último, que las medidas gubernamentales respondan al más alto interés nacional y no a simples cálculos de rentabilidad política.