Prosigue en Bolivia polémica por nacionalización de hidrocarburos

LA PAZ | AP

La oposición pidió el lunes al presidente Evo Morales que destituya al titular de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por ser supuestamente responsable de errores e incluso "delitos" detectados en los contratos con petroleras privadas en el marco del decreto de nacionalización de los hidrocarburos.

La jefa del bloque de diputados de la principal fuerza opositora Podemos, Lourdes Millares, dijo a la prensa que el presidente de YPFB, Manuel Morales Olivera --quien no es familiar del mandatario--, "debe irse por su inexperiencia e incapacidad" al insistir en que las irregularidades "están causando un grave perjuicio al país".

Pero el propio Morales Olivera se adelantó a esa posibilidad el fin de semana cuando declaró a la prensa que no tiene pensado dimitir porque tuvo el mérito de dirigir una negociación en la que supuestamente el gobierno dobló el brazo a las transnacionales al someterlas a "los contratos petroleros más duros del mundo".

Millares, en representación de Podemos, dijo que Morales Olivera no solamente sería responsable de los problemas detectados en los contratos, sino que también es responsable de "usurpación de funciones".

Podemos sostiene que en los contratos enviados por el gobierno al Congreso pudo constatar "delitos de falsedad material e ideológica", pues se habrían suplantado anexos enteros y falsificado algunas firmas y que, en general, las "adulteraciones" irían en detrimento de los intereses del Estado boliviano. Por ello, pidió la intervención de la justicia.

Millares indicó que Morales Olivera no tenía la facultad legal de negociar los 44 contratos petroleros, entre mayo y octubre, cuya aprobación está estancada en el Senado por las denuncias, pues sólo era asesor legal de YPFB. Asumió la presidencia de la empresa recién en enero.

La aprobación de los contratos permitirá percibir al Estado al menos un 32% más de ingresos del sector hidrocarburos, que en 2006 reportó regalías, tributos y participaciones por más de 1.500 millones de dólares, de acuerdo con el gobierno. Pero al no haber entrado en vigencia, el Estado no recibe lo comprometido en ellos.

Versiones de prensa indicaron el lunes que la brasileña Petrobras habría decidido dejar de pagar un impuesto provisional contemplado en el decreto de nacionalización, firmado por el mandatario Morales en mayo, mientras los contratos no sean legalizados. Ni la empresa ni el gobierno confirmaron eso.

El decreto establecía que Petrobras, la española Repsol y la francesa Total debían pagar desde mayo y por seis meses, el monto de 32,2 millones de dólares mensuales por la explotación de los dos mayores campos de gas del país, hasta la firma de los nuevos contratos en octubre, donde se establecerían las condiciones tributarias definitivas.

Puesto que los contratos aún no están en vigencia, el Ministerio de Hidrocarburos emitió en febrero una resolución que las obliga a seguir pagando ese monto hasta su puesta en vigencia.