Habrá autonomías, pero no hay acuerdo sobre sus competencias

La Paz | EFE

Bolivia tendrá un régimen de autonomías, pero hay grandes disputas entre el gobierno y la oposición sobre los alcances y las competencias que tendrán las regiones y las comunidades indígenas, informaron hoy a Efe miembros de distintas corrientes de la Asamblea Constituyente.

La autonomía, exigida desde hace años por los departamentos de las llanuras tropicales del oriente y el sur, los más ricos del país, fue aprobada en cuatro de las nueve regiones en un referendo en 2006, pero hubo mayoría de votos en contra a nivel nacional y su suerte depende ahora de la Constituyente.

La oposición de centro y derecha, minoritaria en la Asamblea, quiere fortalecer las autonomías departamentales actuales, con gobernadores electos por voto popular, la mayoría de los cuales se han enfrentado a menudo al gobierno nacionalista, indigenista y de izquierda del presidente Evo Morales.

En cambio, el aimara Morales pretende una reordenación territorial profunda, que rompería las regiones en las que es fuerte la oposición e incluiría autonomías de comunidades indígenas con derecho a la "autodeterminación".

El asambleísta Fernando Ávila, de la alianza opositora Poder Democrático y Social (Podemos, derecha), dijo a Efe que la mayoría de los pobladores de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni aprobaron el sistema autonómico y que a la Constituyente sólo le queda ratificarlo.

Esas regiones tienen un tercio de la población boliviana, dos tercios del territorio, más de la mitad del PIB nacional y casi todas las reservas de hidrocarburos, principal riqueza del país.

Ávila reclama que las autonomías impliquen en el futuro una descentralización política y administrativa "más avanzada" que la actual.

Eduardo Yáñez, constituyente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, derecha), opina que el régimen autonómico será "un instrumento de desarrollo, más que un tipo de organización estatal".

Su colega Saúl Ávalos, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), mayoritario en la Asamblea, acepta que "se está trabajando" en busca de un modelo autonómico definitivo que será "constitucionalizado" este año.

Sin embargo, aunque todos dicen defender las autonomías, al profundizar en el tema afloran notables diferencias entre los partidos.

El oficialista Ávalos, presidente de la comisión constitucional encargada del asunto, reclama no debatir "si habrá o no" autonomías, y aclara que también las piden los pueblos indígenas y muchas provincias (división política inferior al departamento), además de que debe mejorarse la autonomía municipal.

El documento gubernamental "Propuestas del Poder Ejecutivo a la Asamblea Constituyente" plantea que los pueblos indígenas originarios tengan territorios con autonomía y "recuperen su derecho a la autodeterminación".

Para la oposición, el proyecto oficial de repartir las autonomías entre indígenas, provincias y municipios sólo busca debilitar el actual régimen de los departamentos, sobre todo donde son fuertes los adversarios de Morales.

Ávalos acepta que debe haber una mayor independencia de la gestión administrativa, a partir de la elección de autoridades regionales, pero rechaza la posibilidad de otorgar a los departamentos capacidad de legislación.

"Deben aclararse primero las competencias" de cada gobierno regional, para que no haya "usurpación de funciones" de la administración central, agregó.

En cambio, el opositor Ávila sostiene que la descentralización avanzada debe "incluir la toma de decisiones propias", por medio de un gobierno o una asamblea regional cuyos miembros también deben ser elegidos por voto popular.

Yáñez propone que los departamentos tengan un estatuto que les otorgue atribuciones legislativas plenas, como lo deberían tener también los municipios, las provincias y los pueblos indígenas.

Los tres dijeron a Efe que la actual división territorial de Bolivia no debe modificarse, pero el gobierno ya adelantó en el documento enviado a la Constituyente que las autonomías indígenas pueden cambiar los mapas, y que las autoridades regionales no podrán oponerse.

La Asamblea, instalada hace siete meses, debe entregar un borrador de nueva Carta Magna antes del próximo 6 de agosto, que será sometido a continuación a referendo.