El prefecto cruceño Rubén Darío Cuéllar aseguró que no está de acuerdo con esa disposición porque el Decreto Supremo No. 28441, que distribuye los recursos del impuesto a los hidrocarburos (IDH), señala que éstos ya están destinados para salud, educación, empleo y desarrollo productivo, y no para las penitenciarías.
El prefecto Cuéllar dijo que debe ser una ley específica la que transfiera todo el manejo de las cárceles, por lo que interpondrá una demanda legal para que se deje sin efecto la transferencia a medias de la administración de las cárceles a las prefecturas.
Por su parte, el prefecto electo de Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó que una de sus primeras luchas cuando asuma el cargo será porque el Estado vuelva a asumir la responsabilidad sobre las penitenciarías.
Costas anunció que esta disposición significaría para la Prefectura un monto aproximado de 1 millón de dólares, que no estaba contemplado y que representa una gran variación presupuestaria.
La ley 3302 establece en su único artículo que las prefecturas financiarán los gastos de prediarios y de funcionamiento de las 54 cárceles, que albergan a 8 mil internos, con recursos del IDH.
