Santa Cruz | El Deber.- Mientras el Gobierno ya fijó en 3,50 dólares por millar de BTU las regalías del gas de exportación a Argentina, y no sobre los 5 dólares logrados recientemente, para los departamentos productores y no productores, cuatro regiones (Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Sucre) en forma unánime rechazaron ayer el nuevo cálculo y se declararon en movilización permanente hasta que el Poder Ejecutivo revise el tema.
Para tal efecto, la próxima semana sostendrán reuniones para definir medidas de presión si es que el Gobierno no cede.
Los primeros en reaccionar fueron Tarija y Santa Cruz, que a través de sus principales instituciones como prefecturas, comités cívicos, municipios, universidades y las brigadas parlamentarias analizaron el impacto en la economía la aplicación del convenio de incremento en el precio de venta de gas a Argentina, debido a que irá directamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y no incrementarán los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para las regiones.
Ayer al mediodía, representantes de las instituciones mencionadas se reunieron con el prefecto en ejercicio, Roly Aguilera, en el Consejo Departamental, y lanzaron la Declaración de Santa Cruz que pone en alerta al departamento y exige al Gobierno la revisión del acuerdo energético.
En el marco establecido en la Constitución Política del Estado, el Gobierno a través de YPFB suscribió con Argentina un convenio el 29 de junio de 2006 en el que se incrementa el precio de venta de gas al vecino país a cinco dólares el millar de la Unidad Térmica Británica (BTU) de gas, precio que regirá a partir del 15 de julio al 31 de diciembre de este año.
Reclamo
Humberto Vargas, presidente del Comité Cívico de Cochabamba, también rechazó la nueva distribución del IDH e informó que cursó una carta al ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, y al presidente de YPFB, Jorge Alvarado, para que expliquen los motivos del convenio.
Por su parte, Francisco Navaja, titular cívico de Tarija, dijo que el contrato está en las "tinieblas" y en ese sentido están en emergencia y piden la interpelación del ministro Soliz Rada.
John Caba, presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, también rechazó la propuesta del Gobierno, y anunció que la próxima semana se adoptarán medidas de presión con las instituciones del país.
Gobierno deja caso a Legislativo
El Gobierno reiteró ayer que fijó en 3,50 dólares el precio por millón de BTU para calcular las regalías departamentales. Por lo tanto, los 150 millones adicionales por la exportación de gas a la Argentina serán para YPFB.
El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, dijo que de todas maneras el contrato de compraventa deberá ser refrendado por el Poder Legislativo, por lo tanto, ahí se respaldará o anulará esta decisión.
Por su lado, el senador tarijeño Roberto Ruiz Bass Werner en declaraciones a la agencia ANF, anunció que se buscará la interpelación del Ministro de Hidrocarburos.
"El Gobierno no puede decirnos que como este incremento me lo he negociado yo, entonces me lo apropio y se lo doy a YPFB", puntualizó Ruiz al indicar que "esta es una confiscación ilegal de los recursos departamentales y de los recursos de los municipios que vienen a través de las regalías y del IDH".
Por la decisión del Poder Ejecutivo, de transferir los ingresos a YPFB, el parlamentario presentó el pedido de un informe oral al ministro de Hidrocarburos y se prepara la solicitud de su interpelación en las próximas horas.
El contrato
El Gobierno a través de YPFB suscribió con Argentina un convenio el 29 de junio de 2006 en el que incrementa el precio de venta de gas al vecino país hasta cinco dólares el millar de la Unidad Térmica Británica (BTU), precio que regirá a partir del 15 de julio al 31 de diciembre de este año y se establece el procedimiento inicial para la realización de proyectos de integración.
Según los sectores cruceños, este convenio de forma arbitraria introduce en su cláusula sexta un elemento "extraño" a la relación contractual entre las partes, con la pretensión "ilegal" de "cercenar" los derechos establecidos por las regalías, la coparticipación en el IDH y el Fondo de Compensación, al interpretar que la diferencia en el precio de venta del gas será íntegramente a favor de YPFB desconociendo la participación legal de estos recursos por parte de las prefecturas, los municipios y las universidades públicas.
