Después de darse a conocer las denuncias de la retención del 22 por ciento (1.100 bolivianos) de los salarios de más de 26 dentistas del proyecto Modelo de Salud Oral, las microempresas que administran ese programa determinaron ayer cerrar temporalmente los 26 consultorios odontológicos de la ciudad en señal de protesta.
El supervisor del programa, Jorge Molina, quien negó categóricamente la retención del 22 por ciento de los salarios a los dentistas, dijo que la determinación de cerrar los consultorios es una medida de protesta contra la Junta de Padres de Familia de Cercado I, organización a la cual pidieron esclarecer sus denuncias.
La medida de cerrar repentinamente los consultorios dejó a centenares de pacientes sin atención médica dental, sin que nadie ofrezca una explicación a los vecinos.
En las puertas estaba pegado un comunicado, que decía: "El proyecto Modelo de Salud Oral se encuentra en emergencia ante las declaraciones irresponsables del presidente de la Junta de Padres de Familia de Cercado II, José Pardo Omonte… Estas acusaciones ponen en riesgo la continuidad del programa y no se atenderá hasta la aclaración pública de dichas acusaciones".
Las denuncias contra la administración del proyecto fueron realizadas el pasado martes después de una inspección de la Junta de Padres de Familia de Cercado I, un miembro del Concejo Municipal y vecinos de los barrios.
Entonces, Omonte y el concejal Xavier Cremer denunciaron que la administración retiene 1.100 bolivianos del sueldo de los médicos (teóricamente 600 para insumos y 500 para mantenimiento), sin que se extienda recibo alguno a los profesionales. Según Cremer, estos rubros ya están contemplados dentro del presupuesto global, por lo que no hay ninguna necesidad de la retención.
El proyecto Modelo de Salud Oral, que viene funcionado desde junio de 2005, ofrece atención odontológica a personas con dificultad de acceso a este servicio con un presupuesto global de 1.400.000 bolivianos.
El programa es administrado por cuatro microempresas, que controlan la ejecución y supervisión del proyecto.
Los vecinos advierten
Entre tanto, los vecinos de los barrios afectados, a través de sus dirigentes, expresaron su sorpresa por la determinación de los administradores del proyecto y exigieron la apertura inmediata de los consultorios. En caso contrario, iniciarán medidas de presión en demanda de la reanudación del servicio médico dental, manifestó el principal dirigente de Pucarita Chica, Freddy Medrano.
El oficial mayor administrativo de la Alcaldía, Eduardo Rodríguez, dijo que la relación del municipio con las microempresas que administran los consultorios es netamente contractual. "No tenemos una relación laboral o patronal con ellos (los dentistas). Ellos brindan un servicio profesional de atender a estos chicos en los barrios. Tenemos dos supervisores contratados por la zona norte y sur, que se encargan de supervisar este trabajo", añadió.
La Alcaldía se deslinda
El secretario general de la Alcaldía, Rolando Morales, salió al frente de las acusaciones contra el gobierno municipal y atribuyó cualquier cobro en el programa dental a las microempresas que lo administran.
"Sin embargo se debe establecer que para cada pago el Supervisor (que es nombrado por el Municipio) debe elevar un informe verificando que se hayan cumplido con las prestaciones de acuerdo al cronograma de trabajo establecido", añadió.
Asimismo, Morales señaló que el gobierno municipal, cumpliendo con el Plan Operativo Anual, llevó a cabo el proyecto con varias microempresas, las cuales prestan servicios en el área de salud bucal para llegar a 100 mil niños.
"Estas microempresas en este tiempo tendrán que instalar tres consultorios dentales por distrito. Adicionalmente, están obligadas a llevar todo el equipo necesario", explicó Morales.
