El Gobierno identifica a 40 brasileños como dueños ilegales de tierras en Pando

La Paz | ABI

El gobierno, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), identificó a 40 empresarios brasileños que ilegalmente detentan 300.000 hectáreas de tierras en la región fronteriza de Pando. Esa superficie fue calculada después de concluir un minucioso proceso de saneamiento de tierras fiscales en dicha zona.

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y la Sociedad Civil, Alfredo Rada, en entrevista concedida a la Agencia Boliviana de Información anunció que en el curso de las siguientes semanas el gobierno hará conocer las decisiones.

La autoridad explicó que una vez conocida la denuncia el Viceministerio de Tierras; en coordinación con el INRA iniciaron las acciones legales correspondientes que permitieron la identificación de los predios que de manera ilegal fueron ocupados por ciudadanos brasileños.

Rada reveló que una vez concluido el proceso de saneamiento se identificó que 40 brasileños se apropiaron ilegalmente de entre 200.000 a 300.000 hectáreas dentro de los 50 kilómetros de la frontera entre Brasil y Bolivia.

“Esto constitucionalmente está prohibido. No se puede permitir que ciudadanos extranjeros puedan tener en calidad de propiedad esas tierras”, precisó la autoridad de gobierno.

Dijo que paralelamente el gobierno inició acciones diplomáticas con la Cancillería de Brasil, en la que se dejó en claro la toma de acciones en el marco de la legislación boliviana.

Anunció que la decisión boliviana fue recibida favorablemente por el gobierno brasileño, aunque este solicitó el respeto para sus connacionales que radican y trabajan legalmente en el departamento de Pando.

“Ellos (brasileños) coinciden en que es un tema que debe ser resuelto dentro de las leyes bolivianas, pero lo que han pedido es que se respete el derecho de migración, de radicatoria y residencia, pero los directos afectados son esas 40 personas aunque su permanencia en el país sea legal”, precisó

NOTIFICACIONES

Rada informó que desde el pasado mes de junio el INRA inició la entrega de notificaciones de desalojo y las acciones diplomáticas correspondientes. “Si es que no se cumple con las notificaciones legales dentro de los plazos previstos corresponde el uso de la fuerza pública”, advirtió.

“Las notificaciones se han empezado a entregar en el mes de junio y van a haber novedades en el curso de las siguientes semanas. A partir de esa fecha nosotros vamos a implementar medidas que garanticen el respeto a esas notificaciones de desalojo”, precisó.