Santa Cruz | El Deber.- Mientras el Gobierno intenta agotar el diálogo y las vías pacíficas para que los invasores de las concesiones forestales salgan por su buena voluntad y no por la fuerza, una nueva ocupación arbitraria de dos zonas de explotación maderera, San Antonio y Don Enrique, se produjo la tarde del martes pasado en la reserva natural Choré en la provincia Ichilo, próxima a Marabol.
En la concesión San Pedro, alrededor de 300 invasores que llegaron en siete camiones tomaron el campamento, y ante la ausencia de los 30 empleados que estaban cargando troncos en el bosque, los colonos procedieron a reunir las pertenencias de éstos para que se marchen definitivamente del lugar.
Según el concesionario, Miguel Ángel Serrate, los hechos sucedieron a eso de las 15:00 del martes pasado, justo cuando esa misma tarde el vicepresidente, Álvaro García Linera, comenzaba a visitar la concesión La Chonta, en la provincia Guarayos, autoridad que aparte de valorar el manejo técnico de los bosques pidió que los colonos salgan de las reservas invadidas ya que están protegidas por la ley forestal.
Serrate mencionó que ya ha retirado toda la maquinaria que tenía desplazada en la zona, pero que han quedado unas 600 troncas listas para el proceso de transformación industrial.
Sostuvo que inicialmente ha invertido este año alrededor de 300 mil bolivianos en movilizar maquinaria, contratar personal, habilitación de 100 kilómetros de camino y la perforación de un pozo de agua, pero que falta evaluar los daños económicos que le provocará la interrupción de su actividad maderera.
Aparte de denunciar el hecho ante la Superintendencia Forestal, Serrate apelará ante la justicia con una demanda por daños y perjuicios.
José Roig de la concesión Marabol, sostuvo que está en marcha una evaluación de todo el impacto económico que ha significado la intervención de los invasores, ya que debe presentar ante la Fiscalía los datos para continuar con la demanda judicial contra los que resultasen culpables.
Viviana Molina precisó que se ha solicitado a la Prefectura que las acciones de la Policía sean para resguardar esta reserva forestal y que se garantice el reingreso del personal de Marabol para que siga con sus actividades productivas.
Entre tanto, tendrá que cumplirse los pasos legales para proceder con el desalojo por las vías coercitivas.
El comandante de la Policía, Germán Flores dijo que pronto un detenido número de efectivos policiales ingresará a la zona, y que si las condiciones lo exigen, pedirá el apoyo del Ejército.
Por su parte, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, que llegó ayer a Santa Cruz, ratificó una vez más la política oficial de dialogar con los colonos invasores, y que este gobierno quiere evitar enfrentamientos violentos.
