Los Tiempos y La Prensa
Los colonos de la subcentral Icuna de los Yungas de Vandiola determinaron ayer continuar con sus medidas de presión, en rechazo a la exigencia del Gobierno de que reduzcan sus cultivos de coca a un cato por familia, de manera voluntaria. El piquete de huelga de hambre instalado por nueve mujeres, el miércoles pasado en la puerta de la Prefectura de Cochabamba, se masificó ayer con la incorporación de un grupo de varones de la subcentral.
Aunque solos -porque las otras dos subcentrales Arepucho y Machuyungas de Vandiola con los que iniciaran de manera conjunta las negociaciones con el Gobierno aceptaron el cato de coca-, los cocaleros de Icuna anunciaron que continuarán en su lucha por la defensa de sus cultivos, su único medio de subsistencia, porque a diferencia de los productores del Chapare, son zona tradicional y están amparados por la Ley 1008.
Amenazaron con volver a bloquear la carretera a Santa Cruz en cualquier momento y adoptar otras medidas hasta conseguir que el Gobierno respete las zonas tradicionales cocaleras y detenga la erradicación forzosa de los cocales en la subcentral.
Investigaciones
El fiscal Christian Alcoba, director de la investigación del deceso de dos cocaleros de Yungas de Vandiola -de la subcentral Icuni- en el enfrentamiento con los erradicadores el 29 de septiembre pasado, solicitará declaraciones ampliatorias de los militares que intervinieron en el hecho y confirmará si las balas de pistola 9 milímetros y de escopeta 16 causaron la muerte de ambos.
Las indagaciones se asentaron en Irvirgarzama, trópico de Cochabamba. El fiscal Alcoba realizó hace una semana una inspección ocular en el lugar de los hechos y es su última actuación en las investigaciones.
Por ahora está en hipótesis el hecho de que "una escopeta calibre 16 lanzabalines y una pistola 9 milímetros, modelo MP2" causaron la muerte de los campesinos Rembert Guzmán y Celestino Ricaldis. "Estamos investigando si las personas han fallecido como consecuencia de (balas procedentes de) este armamento".
Entre las armas incautadas a los campesinos, quienes a su vez las decomisaron a los militares y policías, estaban: cuatro carabinas M1, tres fusiles M4, dos escopetas lanzagases, una escopeta calibre 16, una pistola 9 milímetros y una handie.
