Las declaraciones del Embajador de Venezuela; el endoso que de ellas hizo el presidente Hugo Chavez y la sorpresiva visita de su Ministro de Relaciones Exteriores a la sede de gobierno, dejan al descubierto una injerencia de proporciones inauditas en asuntos internos del país, por más de que de esa parte se la trate de disfrazar, y de la nuestra justificar aun a riesgo de pecar de traición a la patria.
Una cosa es insinuar discreto respaldo a ciertas causas, en efecto, y otra advertir a los bolivianos y al mundo entero de intervención, armada aparentemente, en el caso de que se las quisiera sustituir de manera soberana, extremo en el que nadie, al menos ahora, piensa siquiera.
Asimismo, no es igual compartir ideologías y prácticas gubernamentales que someterse a dictados ajenos sin reparar ni en el decoro personal, ni en los atributos de todo un pueblo que se precia de vivir libre en el marco de un Estado independiente.
Peor aun, resulta inadmisible un supuesto afán de colaboración si en medio existen intereses extraños a los de la República, o si se pretende utilizar su territorio como cabeza de playa para la consecución de objetivos mayores.
Ante la permisividad del Poder Ejecutivo frente a lo que ya tiene visos de arremetida foránea, toca al Legislativo velar por la dignidad y el destino nacionales adoptando las medidas precautorias que fuesen necesarias.
