La Paz | La Prensa.- El Gobierno terminó por ceder a las presiones de los privados y decidió modificar el reglamento del plan de "salvataje" para que los recursos del Fondo de Fortalecimiento de Empresas (FFE) sirvan para pagar las deudas de las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFPs), Caja de Salud y beneficios sociales y también para aligerar los gastos del gestor internacional.
El superintendente de Empresas, Fernando Mirabal, informó ayer que en dos semanas estará lista la modificación al reglamento del programa de reestructuración de empresas que permitirá que los recursos del FFE sean destinados al pago de las deudas que las empresas arrastran con las Administradoras de Fondos de Pensiones, con sus trabajadores y con la Caja Nacional de Salud.
Sin embargo, Mirabal aclaró que los recursos para el pago de los pasivos, a excepción de los financieros, sólo serán destinados a las empresas que ingresaron al programa de "salvataje".
"El año pasado se definió que los recursos del Fondo de Fortalecimiento de Empresas serían destinados para el pago de pasivos laborales y el seguro obligatorio de corto y largo plazo, y a proveedores, a excepción de los pasivos financieros, sólo restan las modificaciones al reglamento del fondo y al contrato de fideicomiso entre el Ministerio de Hacienda y la Nacional Financiera Boliviana (Nafibo)", manifestó el superintendente.
Las presiones y el crédito
Los empresarios presionaron al Gobierno para que las deudas adquiridas con la Caja Nacional de Salud y las AFP sean cubiertas con los recursos del Fondo de Fortalecimiento de Empresas, que cuentas con un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 73 millones de dólares.
Este crédito forma parte del Programa de Reestructuración Voluntaria de Empresas, un mecanismo diseñado por el Gobierno para que las empresas en crisis y las que no lo están, obtengan recursos y condiciones de fortalecimiento para continuar como unidades productivas.
La autoridad reguladora admitió que dentro de las modificaciones que se realizan al reglamento deberán existir instrumentos que garanticen que el dinero pueda ser recuperado.
Observaciones de la CEPB
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Roberto Mustafá, afirmó que existen cuatro frenos que no permiten el despegue del programa de reestructuración que van desde el uso de los recursos del FFE, el costo del gestor internacional, el arrastre público y las garantías que exige la Nafibo.
Por ello pidieron la modificación al reglamento del programa de reestructuración de empresas.
También insisten en que el Gobierno cumpla la promesa de pagar hasta el 75 por ciento de los costos al gestor internacional y el saldo, el 25 por ciento, será pagado con el dinero de este sector.
Al respecto, Mirabal dijo que se viene realizando una reingeniería de los procesos, lo que permitirá bajar los costos de los síndicos de reestructuración y también del gestor internacional.
La autoridad reguladora explicó que el remanente del crédito de la CAF puede servir para apoyar el pago del gestor internacional.
En este marco, se viene estudiando cómo "resolver el desfase que surgirá pues al gestor se le paga hoy pero el dinero se lo recuperará en ocho o más años", sostuvo.
