Debe reconocerse que no es fácil considerar y resolver todos los problemas acumulados a lo largo del último lustro, y que lo racional será ir por partes
El inicio de movilizaciones a partir de mañana en pro de la nacionalización de los hidrocarburos --léase expropiación sin indemnización de los consorcios petroleros--, así como de la renuncia del presidente Carlos Mesa y el cierre del Congreso nacional, según iniciativas a cual más temerarias que se barajan entre los sectores radicales de la sociedad, por un lado, y la anunciada presentación, el día martes 17, de observaciones puntuales del Poder Ejecutivo a la Ley de Hidrocarburos sancionada por el Legislativo, por el otro, conducen al país a una semana de definiciones que, es de esperar, acaben por determinar un derrotero que preserve su institucionalidad y el sistema democrático que lo rige.
El contexto que aguarda ese giro no puede ser más delicado por causa de la confrontación entre los órganos del Estado, de sus diferencias con aquellos segmentos minoritarios aunque diestros en precipitar la convulsión, y el desconcierto e indefensión en que está sumido el grueso de la población, después de casi veinte meses de ausencia de una gestión clara en sus objetivos y decidida a emplear las prerrogativas que para el ejercicio del poder público establecen la Constitución Política y las leyes de la República.
Ocioso resultaría incidir en esos factores que inclusive han puesto en duda la viabilidad de Bolivia como nación organizada en el territorio que ostenta dentro de la América del sur. Baste señalar que desde el año 2000 la sucesión de regímenes no ha podido reparar los yerros y falencias de anteriores gobiernos en la proporción que demandan los segmentos desvalidos de la sociedad, circunstancia que es aprovechada por el caudillismo para agigantar el descontento, a base de consignas propias y otras de factura extranjera.
Así, se ha llegado a una descomposición generalizada y a una situación de anomia y mengua del principio de autoridad, que el que más y el que menos hace lo que le viene en gana, mientras que el conjunto no ve sino nubarrones en su futuro y en el de las nuevas generaciones.
En semejante estado de cosas, es el gobierno quien debe tomar el timón y enfilar al país hacia buen puerto: el Ejecutivo mediante políticas concretas que persigan metas alcanzables; el Legislativo dotándole de normas adecuadas y fiscalizando los actos de aquel, y el Judicial administrando correctamente la justicia.
Ahora bien, debe reconocerse que no es fácil considerar y resolver todos los problemas acumulados a lo largo del último lustro, y que lo racional será ir por partes, comenzando por lo más apremiante, que en estos momentos representa la Ley de Hidrocarburos, para pasar luego a los otros puntos en agenda, máxime si en algunos de ellos se ha avanzado significativamente.
En este sentido, la palabra del Ejecutivo sobre el conflictivo instrumento legal significará factor esclarecedor de la luz al final del túnel, mejor todavía si las protestan se ejecutan en el marco jurídico y la convivencia civilizada.
