Santa Cruz | El Deber.- Mientras existen casos de pacientes con insuficiencia renal crónica, que no son trasplantados porque los médicos no quieren operar sin garantías, el fiscal de Distrito, Jaime Soliz, informó de que el caso de la supuesta venta de órganos puede cerrarse, por falta de pruebas.
Las declaraciones de los cinco donantes que fueron ubicados por el Ministerio Público no han aportado en mucho sobre el supuesto comercio ilegal de órganos en el país, por lo que el caso puede cerrarse, explicó Soliz.
"Estamos parados con las investigaciones. Nos falta encontrar un donante que nos confirme que evidentemente vendió su riñón. Hasta ahora sólo aseguran haber recibido 2 mil bolivianos por el perjuicio de los días no trabajados o como un regalo en agradecimiento por salvarles la vida. Si no encontramos las
pruebas, el caso podría darse por concluido", aseveró.
Soliz agregó que recurrirán a un último recurso, que es el de publicar una solicitada en los periódicos para convocar a quienes han dado sus órganos a pacientes con insuficiencia renal, dándoles garantías y dejándoles en claro que no tienen ningún cargo en estos casos y que no serán sometidos a procesos, sino sólo a un interrogatorio.
El Caso de Mario
En tanto, el Servicio Departamental de Salud, desde el pasado 3 de este mes, emitió la orden para el trasplante de Mario Salvatierra, un niño de 13 años que tiene insuficiencia renal crónica terminal, para que sea intervenido por Herman Peinado en la Clínica Foianini. No obstante, según su abogado, el médico se ha negado a operarlo mientras no cuente con las garantías necesarias, tomando en cuenta que ningún centro donde se realizan los trasplantes está acreditado para ese tipo de intervenciones.
Rogelio Montellanos, jefe de Auditoría Médica del Sedes, sostuvo que el viceministro de Salud, Alberto Nogales, se comprometió a emitir esa orden para agilizar el proceso.
Dolly Montaño, jefa de Acreditaciones, aseguró que a comienzos de septiembre harán la primera evaluación a las clínicas donde operan los tres equipos de trasplantes. La fiscal Rosemary Barrientos señaló que ya se han tomado las declaraciones informativas a más de 30 personas que conforman los equipos de trasplantes, donantes y receptores.
Sobre los argentinos fallecidos
Sobre la denuncia que hizo pública el diario Clarín en su edición del pasado domingo, la ministra de Salud, Nila Heredia, anunció ayer que solicitará a su homóloga de Argentina información precisa con respecto al deceso de tres personas que se dice fallecieron tras someterse a un trasplante de riñón en Bolivia.
"En esencia no sabemos cuántos han muerto, pero siempre existen riesgos. Para no obstaculizar el proceso de investigación de la Fiscalía, vamos a esperar los resultados para tomar acciones, si hay que tomarlas", señaló.
El abogado de Peinado, Daniel Vidal Rosado, dijo que las denuncias de Clarín no tienen validez ya que no cuentan con fundamentos ni asidero legal. "Se está causando mucho daño a gente que necesita trasplantarse en Bolivia. Esto es una guerra sucia del Colegio Médico de Argentina, contra el de Bolivia, ya que no les conviene esa fuga de pacientes, porque ganan mucho dinero con el tratamiento de diálisis y allá, se duplican los costos de los trasplantes", aseguró.
Según Clarín, la Sociedad Argentina de Nefrología emitió un comunicado en el que no juzga a sus afiliados, pero les advierte sobre las responsabilidades para quienes propician y eventualmente pueden beneficiarse económicamente con "ese tipo de prácticas realizadas en Bolivia".
Sin datos sobre la tasa de mortalidad
En el país actualmente no hay datos sobre la tasa de mortalidad en pacientes sometidos a trasplante de órgano, coincidieron en señalar la responsable nacional de Salud Renal, Ana Claudia Pacheco, y el coordinador de trasplantes, Edwin Salazar, que ayer presentó su renuncia al cargo. Pacheco señaló que las clínicas y los equipos todavía están proporcionándoles esos datos. Dijo que en 10 días estará la estadística.
El nefrólogo Herland Vaca Díez indicó que hasta ahora su equipo hizo 233 trasplantes de riñón y que la tasa de mortalidad durante el proceso de internación varía del 1 al 3%, ya que un paciente inmunosuprimido puede presentar rechazo al órgano o puede adquirir alguna infección que lo lleva a la muerte.
Explicó que dependiendo de la inmunosupresión que se usa, el paciente puede hacer un rechazo agudo al órgano, que se puede registrar en el 30 por ciento de los casos, pero con medicamentos se lo revierte; hiperagudos, que aparece en las primeras horas del trasplante y que no representa más del 3 al 5 por ciento de los casos, y crónico que sobreviene después de los seis meses.
La fiscal Rosemary Barrientos, dijo que en la investigación sólo se ha detectado un paciente que murió en Argentina, meses después del trasplante, por rechazo al órgano.
