En medio de la grave denuncia del presidente Evo Morales en el sentido de que empresas transnacionales y el neoliberalismo han dispuesto invertir nada menos que once millones de dólares para provocar la ruptura de la unidad de los representantes de su partido el Movimiento al Socialismo (MAS) --extremo que, en criterio suyo, alcanzaría al conjunto de la población, además de representar serio peligro de fraccionamiento del país--, la Asamblea Constituyente iniciará labores en la ciudad de Sucre hoy, luego de que su directiva recibiera el teatro Gran Mariscal convenientemente refaccionado para servirle de sede por el espacio de un año.

El Presidente lanzó su denuncia en la localidad yungueña de Caranavi, el pasado sábado, con motivo de la inauguración de un hospital, basándose al parecer en informes de los embajadores de Cuba y Venezuela, así como de la Unión Europea, sin empero haber identificado a ninguno de estos últimos, ni abundado en detalles.

En ese escenario, el mandatario volvió además a convocar a sus parciales y a los movimientos sociales para que por la vía democrática soliciten la instauración de una Constituyente originaria y no derivada de los poderes constituidos, a la vez de ejercitar el control del desarrollo del evento en la capital, mientras que voceros del MAS reiteraban que dichos movimientos tendrán acceso directo a las deliberaciones, a diferencia de otros sectores de la sociedad civil cuya participación será reglamentada por la propia Asamblea.

Al margen de la gravedad de la denuncia, que debería fundamentar para evitar que en perjuicio de su seriedad y credibilidad se sume a otras anteriores que siguen sin sustento, el Presidente cayó en contradicción cuando aconsejó el mecanismo de la democracia para la consecución de las características que quiere imprimirle a la Constituyente, demandando simultáneamente una suerte de vigilancia sobre la actuación de sus integrantes, práctica que no sería otra cosa que coacción.

A este respecto, cabe manifestar, nuevamente, que por mandato de la carta fundamental y de la ley de convocatoria a la Asamblea, la redacción de una nueva Constitución deberá ser aprobada por los dos tercios de voto, de donde toda modalidad diferente vulneraría el estado de derecho, aparte de atentar contra el sistema democrático.

La ocasión es, asimismo, propicia para celebrar que el Presidente no hubiese insistido en ese otro despropósito de que la Asamblea se invistiera de poderes absolutos, y de paso deplorar el fracaso de la racionalización voluntaria de los cocales en la citada región, hecho que queda en evidencia al saberse que del 20 de julio a esta parte, únicamente se erradicaron menos de dos hectáreas del arbusto, lo que llevó al jefe de Estado a exclamar que podría pensar en que los cocaleros paceños, incluidos los militantes del MAS, eran instrumento del ex gobernante Gonzalo Sánchez de Lozada.