La Paz | La Prensa.- El Gobierno busca -mediante la aprobación de una ley-, los mecanismos que permitan nacionalizar los 25 mil autos indocumentados que están en territorio nacional, bajo el argumento que es para evitar que circulen ilegalmente y con placas ilegales otorgadas por algunos municipios.

Además, pretende desincentivar el negocio de la internación de autos chutos de contrabando, aplicando el pago del 100 por ciento de los tributos aduaneros, definidos.

La posición asumida por el Ministerio de Hacienda preocupa al Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco), entidades que anunciaron que el lunes harán conocer una posición al respecto.

El ministro Waldo Gutiérrez informó que se están analizando los caminos que permitan a los propietarios de los 25 mil autos indocumentados legalizar sus automotores en cumplimiento de la Ley General de Aduanas y pagando todos los impuestos. "Vamos a trabajar para encontrar un mecanismo que nos pueda posibilitar esa situación. Todavía no estamos asegurando de si será posible o no, vamos a poner nuestro esfuerzo técnico para dar solución en el marco de la ley" dijo.

Gutiérrez explicó que los mecanismos que se buscan aprobar para regularizar aquella cantidad de autos indocumentados no responde al proyecto de ley presentado por las comisiones de Hacienda de las Cámaras de Diputados y senadores, en la que se liberan del proceso penal a los contrabandistas, si éstos pagan multa y tributos.

"Esta propuesta vulneraba la normativa actual y fracturaba la ley General de Aduanas (1990). Lo que estamos buscando es dar una solución social a este problema y trabajar con todas las organizaciones que conforman el Consejo Nacional de Lucha Contra el Contrabando para evitar que las internacionales ilegales se produzcan a futuro", comentó la autoridad.

La autoridad de Hacienda admitió que las amnistías para la nacionalización de autos chutos sólo se dieron por un "afán" de política fiscal y para conseguir mejores recaudaciones. Acciones que generaron un mal para el país porque permitieron la generalización del contrabando y la corrupción.

Datos de la Aduana indican que, después de 28 de julio 1999 -fecha en que se promulgó la ley 1990- se aprobaron 11 amnistías que permitieron que el Tesoro General de la Nación recaudara más de 120 millones de dólares.

Con la propuesta de aprobar un proyecto de ley que modifique el artículo 157 del Código Tributario de las comisiones de Hacienda de Diputados y Senadores se iba a perdonar el delito de contrabando y nacionalizar los autos chutos con el pago de una multa y tributos omitidos sin porcentajes definidos.

Ante esta intención que estaba respaldada por la Asociación de Propietarios de Vehículos Indocumentados, el Consejo Nacional de Lucha Contra el Contrabando emitió un resolución rechazando el proyecto de ley. La resolución fue suscrita por los ministerios de Hacienda, Desarrollo Económico, Aduana, Impuestos Nacionales y las cámaras de Comercio, Industrias y de Despachantes.

Preocupación empresarial

Consultado sobre esta revisión, Gary Rodríguez, del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), lamentó que exista esa posibilidad de ceder a las presiones de grupos interesados.

"No queremos pensar que pueda haber otros intereses a los acordados en el marco del Consejo de Lucha Contra el Contrabando", dijo .

La revisión, en un solo milímetro, de la medida representa por el Consejo anticontrabando, dijo, es "desandar lo andado", y volver a las prácticas de las concesiones del Gobierno frente a las presiones sociales. "Este paso podría ser una cadena de nunca acabar".

"Si Hacienda y la Aduana aprueban la disposición anunciada por Gutiérrez será dar un premio a los infractores", dijo.