Santa Cruz | El Deber.- Tras el fallo del Tribunal Constitucional que declaró constitucionales las convocatorias a las elecciones generales y prefecturales, las brigadas parlamentarias de La Paz, Oruro y Potosí flexibilizaron su posición sobre la redistribución de los escaños y adelantaron su disposición a "ceder".
Por su parte, ayer Santa Cruz ratificó su posición en cuanto a su reclamó de cuatro curules más, descartando cualquier posible negociación fuera de esta demanda.
"No vamos a aceptar un proyecto que sea inconstitucional. La ley no se negocia y a Santa Cruz le corresponde mínimamente cuatro parlamentarios. No puede haber consenso ni acuerdo político cuando se trata del cumplimiento de la ley", sostuvo, el presidente de la Brigada Parlamentaria cruceña, William Paniagua, aunque dejó entrever que las propuestas que se planteen el martes próximo en la Cámara Baja, serán llevadas al debate.
El diputado y ex presidente de la Brigada Parlamentaria Paceña, Alejandro Zapata, dejó en claro que están dispuestos a "dar el brazo a torcer" en busca de un equilibrio, pero en base al desarrollo económico y no sólo a la cantidad de población.
"El martes buscaremos una salida equilibrada donde no hayan ganadores ni perdedores, sino que se fortalezca la democracia. Debemos cumplir con el fallo del Tribunal Constitucional, revisando y asignando nuevos escaños", precisó.
De su lado, Edmundo Barrientos, presidente del bloque orureño, anunció que se van a reunir hoy con las instituciones sociales de su departamento y que respetarán lo que decida el pueblo. Anunció que ahora pueden coordinar con Santa Cruz porque lo que se quiere es velar por la integración del país.
Ante la consulta de que si estarían dispuestos a perder un parlamentario, respondió que eso lo van a conversar en la reunión que sostendrán entre cívicos y parlamentarios, pero reconoció que Santa Cruz reclama lo justo.
"La cosa está clara y vamos a dar cumplimiento a la ley. No queremos empantanar el proceso sino que el país se beneficie, haya paz social y reine la democracia", aseguró.
Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Oruro, Hugo Campos, antes de emitir algún criterio indicó que esperará las conclusiones que se darán hoy luego de la reunión que sostendrán con los parlamentarios y dirigentes cívicos del occidente para asumir alguna posición. Pese a ello, admitió que luego de la sentencia constitucional se ha notado un poco de flexibilidad en los planteamientos.
A su vez, la titular de la Brigada Potosina, Emma Quiroga, dijo que es una pena que el Tribunal Constitucional se haya parcializado con los departamentos que manejan la economía. No obstante, hoy sostendrán una reunión. En tanto, añadió que mantienen su postura de no perder ningún diputado.
La reunión interinstitucional en Oruro contará con la presencia de parlamentarios de los tres departamentos (Oruro, La Paz y Potosí), dirigentes cívicos y representantes de organizaciones laborales y sindicales. Esta iniciativa de la Brigada Parlamentaria de Oruro, la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO) y el Comité Cívico tiene por objetivo definir una estrategia conjunta de defensa de los escaños que tienen estos departamentos.
El parlamentario potosino, Gonzalo Barrientos, anunció que planteará un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional que declararon legal la convocatoria para las elecciones generales y de prefectos respondiendo a intereses regionales.
Medidas de presión
William Paniagua, titular de la Brigada Cruceña, manifestó que el Congreso tiene la obligación de darle una viabilidad y una salida mediante una ley sobre la redistribución de los escaños hasta el miércoles de la próxima semana, para que las elecciones no tengan ninguna variación en su cronograma y se puedan realizar el 4 de diciembre próximo.
Explicó que tiene que aprobarse una ley enmarcada en la Constitución Política del Estado y no que esté sometida a acuerdos políticos, porque puede ser demandada de inconstitucionalidad, además que la "ley no se negocia".
Los parlamentarios cruceños se reunieron ayer con el directorio del Comité pro Santa Cruz para explicar el accionar de la Brigada, que recibió todo el apoyo de los cívicos para que defiendan en el Congreso el planteamiento de cuatro diputados más para el departamento.
Mientras tanto, al ayuno voluntario iniciado el pasado jueves por cinco dirigentes provinciales en demanda a los cuatro escaños, hoy se sumarán cinco cívicos. "No negociaremos ni un milímetro nuestra posición", afirmó Roberto Gutiérrez, presidente del comité de huelga.
El Ejecutivo flexibiliza su posición
Después de haber conminado al Congreso a lograr una salida hasta este fin de semana, porque de lo contrario el Ejecutivo el lunes presentaría una propuesta para la redistribución de los escaños, ayer se dio a conocer que el presidente Eduardo Rodríguez será más flexible con el Congreso a la hora de plantear públicamente su propuesta y, de hecho, el lunes no hará pública su posición, sino que trabajará para hallar puntos de acuerdo, antes del 20 de octubre.
Extraoficialmente se dice que el Poder Ejecutivo propondrá dos parlamentarios más para Santa Cruz.
El delegado presidencial para Asuntos Políticos, Jorge Lazarte, afirmó que la presentación del Ejecutivo debe ser consensuada con el Legislativo, dándole tiempo a los diputados para que resuelvan" la redistribución de los escaños a través de una nueva ley de equilibrio que reponga el artículo 88 del Código Electoral.
"No nos podemos matar por escaños. La distribución de diputados no solamente se hace sobre la base de la población hay también el principio de equidad, que a su vez implica otros dos principios que hay que compatibilizarlos", afirmó Lazarte al adelantar el espíritu de la propuesta del Presidente, quien pidió a los diputados sentido de equidad y coherencia con la democracia.
Lazarte manifestó que es posible que las elecciones se posterguen y, consiguientemente, el presidente Eduardo Rodríguez prolongue su mandato, por un "margen estrecho y constitucionalmente admisible".
Sin embargo, admitió que una salida a la crisis por la distribución de escaños pasa por "mover lo menos posible" la actual distribución departamental y sin que sea necesario alterar el calendario electoral.