Puerto Rico: Policía considerará crueldad matanza animales

SAN JUAN | AP

La Policía de Puerto Rico dijo el jueves que tomará en cuenta el patrón de matanza cruel de mascotas que revelaron ex empleados de Julio Díaz y dos de sus empresas de recogido de animales.

La AP investigó la muerte de 80 perros y gatos que fueron lanzados hace un mes desde lo alto de un puente en Vega Baja, pueblo a 38 kilómetros al norte de San Juan, y descubrió que las mascotas fueron sometidas a crueldades como haber sido enterradas vivas o bajo efectos de sedantes, cuando debieron ir a sitios de adopción.

"Vamos a tomar conciencia de lo que se publicó y ya el personal que está haciendo la investigación va a tomar cartas en el asunto y va a estar verificando todo eso", dijo José Caldero, superintendente auxiliar en investigaciones criminales, en entrevista con AP.

Dos ex empleados de Díaz que hablaron con la AP bajo condición de anonimato revelaron que Animal Control Solutions (ACS) y Pet Delivery Servicio de Transporte Animal recogían animales en la calle, le aplicaban eutanasia, les daban sobredosis de sedante o, en ocasiones, a medio morir los lanzaban en una fosa común en parajes solitarios o escarpados.

A veces eran cachorros o gatitos que no eran llevados a refugios donde pudieron haber tenido una oportunidad de adopción.

Díaz no ha contestado llamadas de la AP.

El relato fue durante ocho años un rumor entre organizaciones de rescatistas.

ACS obtuvo 57 contratos con 13 municipios por un total de 746.507 dólares entre 2002 y 2007 para el manejo de animales callejeros.

Pet Delivery Servicio de Transporte Animal fue incorporada en 1999 y obtuvo 28 contratos con nueve ayuntamientos por un total de 308.400 dólares entre ese año y 2003.

Ambos ex trabajadores denunciaron por separado que también existía la costumbre de facturar a un municipio por animales que habían sido recogidos en otro pueblo y por los cuales ya habían cobrado.

Caldero sostuvo que investigan el caso hace un mes, cuando se hallaron los perros y gatos bajo el puente Paso del Indio, pero no anticipó si habrá arrestos.

Las autoridades investigan si esos animales fueron las mismas mascotas que empleados del municipio de Barceloneta _en el norte, a 58 kilómetros de San Juan_ y empleados de ACS se llevaron de los tres complejos de vivienda pública en ese pueblo.

Carlos Carrazo, quien supervisa la Oficina Estatal de Control Animal del Departamento de Salud, se expresó "contrariado y molesto" por el caso.

"Es horrible, es una violación a los derechos de los animales, es crueldad hacia los animales en su forma más terrible... si es cierto, debe recaer todo el peso de la ley sobre las personas que lo hicieron", manifestó.

Carrazo explicó que su oficina no tiene aún normas para lidiar con esta situación.

Alfredo Figueroa, de Protectores de Animales Regional y Estatal Este (PARE), dijo que ciudadanos ya habían denunciado estas prácticas pero no fueron investigadas por la Policía, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) ni el Departamento de Salud.

"Los sedaban, los zumbaban (tiraban) en la calle. Es lo que venimos sosteniendo hace años, eso que (lo) implantó Julio Díaz y siguió haciéndolo hasta el mes pasado en Vega Baja", dijo Figueroa.

El activista denunció que "ha habido intimidación. A mí Julio Díaz me dijo (en una ocasión) "cuídate la espalda".

El presidente del Colegio de Médicos Veterinarios, Víctor Oppenheimer, reveló que hace semanas ofreció a los fiscales del Departamento de Justicia que la veterinaria forense Melinda Merck, hiciera pruebas a los cadáveres de animales hallados para determinar si se les inyectó alguna sustancia para ponerlos a dormir o sedarlos, pero la presencia de la experta no se concretó.

Pidió que se mantenga la presión pública "para que este caso se investigue hasta el final".