Agencias .- Políticos, campesinos, cívicos y empresarios del país criticaron y rechazaron el Decreto Supremo 27977, aprobado el viernes pasado por el gabinete del presidente Carlos Mesa, que autoriza y da legalidad a las Fuerzas Armadas para el uso de armamento de fuego ante conflictos y convulsiones sociales.

El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, aseguró que es indigna la forma en que el Gobierno autoriza el uso de armas "para masacrar al pueblo, el presidente mesa está mostrando su verdadera cara fascista igual a la del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada".

En Santa Cruz, el dirigente vecinal Rodolfo Landívar, respecto a la decisión de Carlos Mesa de utilizar la fuerza para frenar la ola de convulsión social en el país, afirmó irónicamente que el Jefe de Estado "debería dictar un estado de sitio y ser honesto para dejar el Gobierno antes que los bolivianos lleguen a un enfrentamiento".

Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó que "ésa es la línea del Presidente de la República, decir una cosa y hacer otra, supuestamente no quiere ni un muerto, pero da permiso especial para matar".

A su turno, la Asamblea de Derechos Humanos criticó ayer el "Manual del Uso de la Fuerza en Conflictos Internos", porque, según dijo, "abre una peligrosa posibilidad" para los militares sean empleados con frecuencia en la intervención de conflictos sociales.

El responsable de Derechos Humanos, Sacha Llorenty, encontró también otras deficiencias en dicho manual, como el "cerrar" los procesos de diálogo para dar paso al uso de la fuerza estatal en la resolución de problemas. "Le pone un candado a los procesos de diálogo y no dice cómo debe agotarse las negociaciones".

Explicó que el decreto autoriza la actuación militar "después de agotado los procedimientos de negociación". Sacha dijo que la solución de los conflictos, por experiencia propia, se dan en los momentos críticos.

Al respecto, el director del Observatorio de Democracia y Seguridad, Juan Ramón Quintana, opinó que la norma "es un reconocimiento de la limitada capacidad de la competencia de la Policía en resolver los conflictos sociales" y una "admisión de la debilidad del Estado en la resolución pacífica de problemas".

Quintana dijo que la tropa militar no está capacidad ni entrenada para enfrentar los disturbios civiles como lo hace la Policía.

Observó que con el manual "se marca una peligrosa tendencia del retorno de las FFAA al uso de la fuerza en ambiguos contextos socio-políticos". El experto en asunto de seguridad y defensa dijo que "se está atacando las consecuencias y no las causas de los conflictos". Recomendó al Gobierno difundir a la población dicho manual.

Entre tanto, Morales afirmó que al presidente Mesa no "le interesa la vida" de los bolivianos y con el DS 27977 pretende "implantar una dictadura" destinada a sofocar los movimientos sociales que buscan recuperar sus recursos naturales y luchar contra el modelo neoliberal.

APROBACIÓN

La mencionada norma fue aprobada luego de una reunión de nueve horas en las que el Jefe de Estado analizó la situación social, económica y política del país, marcada por sendos conflictos en El Alto y Santa Cruz. En Palacio Quemado explicaron que se hizo un análisis exhaustivo y una proyección sobre los posibles problemas que enfrentará el Gobierno en las vísperas de Carnaval.

De esa forma, el Jefe de Estado junto a su gabinete ministerial puso en vigencia el "Manual del Uso de la Fuerzas en Conflictos Internos" que fue elaborado por las Fuerzas Armadas y se encuentra sujeto a lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), Convenios y Tratados Internacionales vigentes, respeto a los derechos humanos y leyes de la Nación.

Este reglamento establece que el empleo de las FFAA tendrá lugar después de haberse agotado los procedimientos de negociación efectuados por representantes del Gobierno.

Cocaleros dan ultimátum a Mesa

Los productores de coca determinaron ayer dar un ultimátum al Gobierno para que abrogue dos decretos supremos, durante un ampliado de emergencia de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba en Lauca Ñ.

El encuentro cocalero, que decidió darle un plazo al Gobierno hasta el próximo martes, demanda la abrogación del Decreto Supremo 27977 que autoriza y da legalidad a las Fuerzas Armadas para el uso de armamento de fuego ante conflictos y convulsiones sociales y el Decreto 27959, que permitió el incremento de los carburantes.

Además, el ampliado de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico exige la eliminación de los mayoristas y solicita la aprobación inmediata de una nueva Ley de Hidrocarburos.

Evo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), advirtió que si el Ejecutivo no atiende satisfactoriamente -hasta el próximo martes- la demanda de los cocaleros, empezarán las movilizaciones contra el Gobierno.

Asimismo, anunció una marcha de protesta para el próximo 31 de enero en Cochabamba, en defensa de la dignidad boliviana y contra el convenio de inmunidad de ciudadanos estadounidenses.