El tema de la ropa usada se posterga por 180 dias, el tema del LAB se posterga por tres meses ampliable a seis, el tema de la nacionalización de vehículos contrabandeados se posterga hasta mejor ocasión y así otros asuntos de Estado quedan a la berlina, mientras la administración concede plazo tras plazo en una cadena interminable que se convierte en peligro mortal, como una bomba de tiempo calendarizada. Existe, al parecer, una real incapacidad de asumir resoluciones que enfrenten el problema de fondo.
Se dirá que ocurrió lo mismo antes, en otras administraciones y que ésta que va a cumplir su primer mes al mando, no puede ser la excepción, la respuesta podría ser "a mal de muchos, consuelo de tontos", lo cierto es que en el primer caso los perjudicados son los trabajadores textiles, los empresarios, la economía local y nacional. Es elemental reconocer que la industria textil ha sido fuente de ocupación durante decenios hoy languidece por la masiva importación de ropa usada que además ingresa de contrabando y cuyo origen no está claro si proviene de colectas de caridad o si se trata de un negocio que genera réditos a sus operadores. Que los comerciantes ambulantes viven gracias a este rubro es verdad a medias, porque se llevan la parte del ratón, lo grueso queda en la caja de capitalistas e importadores. Se da largas al asunto, por temor a las reacciones en masa y la protesta callejera, más lo que importa es la Nación, su industria, los puestos de trabajo, los impuestos que paga y el efecto multiplicador en una larga cadena de beneficiarios.
A pocos días de la intervención del LAB por el Estado se puede percibir que los propósitos de tal medida no se cumplirán en el corto plazo de tres meses por lo que el D.S. ha previsto otros tres adicionales para: 1) Restablecer el servicio, 2) Auditar toda la empresa y 3) Sugerir soluciones a largo plazo. El tema es complejo y embrollado por la misma índole empresarial, y supone un alto costo que terminará agotando las posibilidades del propio Estado que empieza con obtener combustible al crédito, se ha mencionado que un monto de cien mil dólares por dia que así cuente con el aval oficial tendrá un techo pronto a ser alcanzado, además la administración está ahí para evitar mayores deterioros y recuperar una masa monetaria que se le adeuda por retención de pensiones y de impuestos. Es de temer que dia que pasa la Administración no puede dar un paso más allá del primer objetivo.
Los coches importados de contrabando son un buen negocio para pequeños grupos de contrabandistas que controlan el negocio. Los choferes de taxi, en su mayoría son tan sólo asalariados, detrás hay toda una organización que posee cinco, diez o más vehículos operados por maffias organizadas en base a presiones contra el Estado primero para importar, luego para darles un status de legalidad y finalmente para meterlos en circulación. En toda esta actividad intervienen "tramitadores" que corrompen a funcionarios de aduana, del tránsito de la policía, hoy como ayer porque aducen siempre "el autito es del diputado Condori" o del sobrino "del ministro Quispe", o del "ahijado de fulano y sutano" o sea siempre trafican a nombre de los que detentan el poder.
A estas tres soluciones postergadas se añade en forma peligrosa para toda la estructura del Orden Constituido, la precariedad del actual gobierno que a decir del Presidente Morales "dependerá de lo que determine la Constituyente", en palabras de oro, la Administración se convierte en transitoria y temporal, cuando se estaba dando el consenso de una Gobernabilidad estable, permanente, seria al tenor del resultado electoral, del 54% a favor del partido gobernante con mandato hasta el 2011. Ahora nos enteramos que no es así, que todo depende del Congreso que será convocado el 6 de agosto, si acaso la norma sale a luz en marzo venidero. Todo esto significa un dramático retorno a la incertidumbre.
