Brasilia | Efe.- Una comisión del Congreso brasileño decidió ayer pedir la prisión del empresario Marcos Valerio

Fernandes, acusado de distribuir los sobornos que el Partido de los Trabajadores (PT), del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, habría pagado a un centenar de diputados aliados.

La decisión fue anunciada un día después de la detención de un ex policía cuando quemaba documentos de varias de las empresas de Fernandes en una casa repleta de armamentos localizada en la ciudad de Belo Horizonte.

Fuertes indicios

Sobre Fernandes pesan fuertes indicios de enriquecimiento ilícito mediante contratos con empresas estatales y de haber retirado de sus cuentas en los bancos Rural y BMG más de 70 millones de reales (unos 30 millones de dólares) en efectivo, al parecer utilizados por el PT para los sobornos.

"Vamos a pedir su prisión para impedir que documentos continúen siendo quemados, como los que fueron encontrados incinerados en Belo Horizonte", afirmó el diputado federal del Partido Social Demócrata (PSDB) Gustavo Fruet, uno de los relatores de la comisión legislativa que investiga denuncias de corrupción en la empresa estatal de correos.

El diputado opositor dijo que pedirá también la protección policial para la familia de Fernandes, a quien calificó por su importancia en la más grave crisis de corrupción que afronta el país como "una bomba viva".

Ante las acusaciones que surgen a diario en su contra Fernandes ofreció cooperar con la justicia a cambio de una reducción de pena, informó ayer la Procuraduría General de la República.

Fernandes se entrevistó con el procurador general de la República, Antonio Fernando de Souza, a quien ha pedido beneficios en caso de que resulte condenado a cambio de colaborar con las investigaciones, según versiones periodísticas.

Restos de recibos

La policía y agentes del Ministerio Público del estado de Minas Gerais, cuya capital es Belo Horizonte, encontraron ayer restos de recibos incinerados de la empresa DNA, del empresario Marcos Valério Fernandes.

Los documentos estaban cerca de la casa del ex policía Marco Tulio Prata, que fue detenido el jueves pasado en su casa con armamento oculto y mientras quemaba papeles de Fernandes.

Ap recuerda que el diputado Roberto Jefferson detonó el peor escándalo de corrupción que involucra al PT al asegurar en una entrevista el 6 de junio que directivos de ese partido pagaban mensualmente 30.000 reales (unos 13.000 dólares) a congresistas de partidos aliados para garantizar que votaran a favor de proyectos del gobierno.

Corte emplaza a un diputado

Desde Brasilia, Ap informa que el Supremo Tribunal Federal dio 48 horas a un diputado para que aclare afirmaciones de que una senadora del Partido de los Trabajadores (PT) era la que pagaba supuestos sobornos a legisladores, pero pretendía ser la "única santa del lupanar". La magistrada Ellen Gracie Northfleet, vicepresidenta de la corte de 11 miembros, emitió el dictamen el 13 de julio, pero debido a lentos procedimientos internos del tribunal, hasta ayer viernes la decisión no había sido remitida al diputado, lo que probablemente ocurra el lunes, dijo Celso Fonton, de la oficina de prensa de la corte.

El plazo comienza a correr a partir del momento en que la persona es notificada del fallo, explicó en conversación telefónica. Dijo que la explicación del diputado puede ser enviada por escrito al tribunal. En caso que no responda, la magistrada analizará qué otra medida tomar. La jueza emitió el fallo ante una petición presentada el 8 de julio por la senadora del PT, Ideli Salvatti. Un día antes, Salvatti fue señalada en un comunicado del diputado Roberto Jefferson, del Partido Trabalhista (Laborista) Brasileño (PTB), de "hacer el pago de la citada mensualidad" o soborno. Jefferson dijo, además, en una entrevista periodística que no entendía la airada reacción de Salvatti ante los señalamientos a menos que la legisladora se considerara "la única santa en el lupanar".