El directorio de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) se reunió ayer en esta ciudad con carácter extraordinario, para definir detalles del Proyecto de Ley de Contratación de Obras Públicas que será presentado al Congreso Nacional dentro de 60 días para su consideración y aprobación.

Óscar Pérez, presidente de Caboco, manifestó que la industria de la construcción requiere de ese instrumento jurídico y legal, porque más del 60 por ciento de la inversión pública nacional está dirigido a la construcción de obras civiles y cerca del 70 por ciento de las empresas afiliadas al sector responden a la demanda del Estado ejecutando contratos.

Admitió que en los últimos años el sector de la construcción boliviana disminuyó notablemente su capacidad productiva, porque una mayoría de las empresas está trabajando con equipos obsoletos y perdiendo terreno en competitividad.

"El proyecto de ley permitirá que nuestro sector se fortalezca internamente, encare con mayor decisión la reactivación del aparato productivo nacional y recupere puntos en competitividad", sostuvo.

Vivienda

Sobre el Plan de Vivienda que viene impulsando el Gobierno, el Presidente de Caboco indicó que se encuentran a la espera de que los ministerios de Hacienda y Desarrollo Económico aprueben los reglamentos de los programas Subsidio a la Vivienda y Vivienda Social Productiva, para comenzar con la construcción de aproximadamente 5.500 viviendas el primer año, en beneficio de familias de escasos recursos económicos.

Refirió que la industria de la construcción está en capacidad técnica y operativa de atender todos los requerimientos de vivienda social que superan las 25 mil unidades habitacionales en los próximos cinco años, porque está consciente de que el mismo reactivará el aparato productivo, generará más de 200 mil empleos directos y fortalecerá la adquisición de material de construcción nacional.

El Programa de Financiamiento a la Vivienda cuenta con un presupuesto de aproximadamente 300 millones de bolivianos, que serán desembolsados en beneficio de los trabajadores -como cuota inicial en la adquisición de una vivienda-, una vez que el Gobierno apruebe la reglamentación del Programa de Subsidio a la Vivienda.