Una de las principales características de los países más pobres del mundo, como el nuestro, causa y consecuencia a la vez de sus debilidades económicas, es que la actividad política ocupa un lugar excesivo en las preocupaciones colectivas. No es casual que así sea, pues es tan insignificante el sector privado y su incidencia en la marcha del país que la suerte de todos los bolivianos resulta directa o indirectamente afectada por lo que los políticos hacen o dejan de hacer en las altas esferas del poder, más que por el resultado de sus propias acciones.

Esa desmesurada expectativa sobre los ajetreos políticos es constante, pero adquiere especial intensidad cuando -como ahora- se presenta la oportunidad de que la estructura gubernamental cambie, esta vez como producto de las próximas elecciones generales de diciembre. Así, se depositan grandes esperanzas en los cambios anunciados como si con ellos pudiera llegar un milagro.

Pero a las causas objetivas que explican y justifican nuestra predisposición a sobrevalorar la importancia de la política se suman otras que tienen que ver con una errónea manera de comprender la incidencia que sobre nuestra suerte colectiva tienen otros factores que están fuera del alcance de las cualidades o defectos de quienes nos gobiernan. Uno de ellos es lo relativo a la fragilidad de nuestra base económica y al mal desempeño de otros sectores de la sociedad que también tienen mucho que ver con nuestra precariasituación.

Un dato muy revelador al respecto es la falta de competitividad. Año tras año, los informes del Foro Económico Mundial para América Latina nos ubica entre los países con peor desempeño en cuanto al Índice de Competitividad Actual (ICA) y al Índice de Competitividad y Crecimiento (ICC).

Y las razones son, casi siempre, las mismas, puesto que reflejan débiles estrategias empresariales y una falta de cultura empresarial. Y aunque también se menciona la ausencia de un clima adecuado para realizar negocios y de políticas que promuevan el entorno competitivo de la actividad empresarial, lo que tiene que ver con el factor político, vale la pena detenerse a reflexionar sobre la cuota de responsabilidad que corresponde a los empresarios y al sector productivo.

Es importante hacerlo, pues nuestra propia experiencia, pero sobre todo la de países que han logrado buenos resultados en su lucha por salir de la pobreza, enseña que no es nada útil esperar pasivamente que las soluciones a los grandes problemas provengan de políticas estatales, sino que corresponde a toda la sociedad, pero de modo especial a sus agentes económicos, ofrecer soluciones sostenibles y competitivas. Y al llegar a este punto, corresponde preguntarse hasta qué punto nuestras elites empresariales han sido capaces de cumplir su misión o han fracasado precisamente por haber incurrido en la actitud de esperar que el Estado siga siendo, como en décadas pasadas, el generoso proveedor de soluciones. Es evidente que en éste como en otros temas, la responsabilidad principal recae sobre quienes gobiernan el país. A ellos corresponde adoptar las políticas más adecuadas para que los empresarios grandes, medianos y pequeños cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar exitosamente su actividad. Pero no es menos importante el papel que toca a quienes tienen en sus manos la actividad productiva, pues son ellos, y no burócratas gubernamentales, quienes tienen el desafío y la obligación de producir más y mejor.

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No es menos importante el papel que toca a quienes tienen en sus manos la actividad productiva, pues son ellos, y no los burócratas gubernamentales, quienes tienen el desafío y la obligación de producir más y mejor