El Consejo Asesor del Colegio de Arquitectos y la Asociación de Ingenieros Eméritos de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, a través de una acción conjunta, buscan recuperar el importante rol de servicio a la comunidad que deben cumplir los gremios profesionales, mediante la práctica sistemática del análisis, la reflexión y el debate crítico de los problemas regionales y nacionales, así como la tarea de información técnica y de orientación a la opinión pública.

La reciente crisis social y política ha sido atizada por el tema de los hidrocarburos, por lo que en esta reflexión conjunta nos referiremos a cómo ejercer el derecho propietario del gas, usando como guía lo que una honda plegaria pide: "Serenidad para aceptar lo que no se puede cambiar; coraje para cambiar lo que sí se debe cambiar, y sabiduría para comprender la diferencia".

Antecedentes: La llamada "guerra del gas" de octubre de 2003 se inició con la oposición radical a la exportación del gas por Chile, la exigencia de la abrogación de la ley 1689 de Sánchez de Lozada, y más tarde con el pedido de nacionalización de los hidrocarburos.

En julio del 2004, el pueblo fue convocado a Referéndum para responder a cinco preguntas sobre el tema del gas. Sobre la base de los resultados del referéndum, la Cámara de Diputados a través de su Comisión de Desarrollo Económico propuso un proyecto de Ley que aprobado en diputados, pasó en revisión al senado, hasta que, finalmente, fue sancionado por el Congreso y ante la dubitación del Presidente Mesa fue luego promulgada por el Presidente del Congreso.

La nueva Ley de Hidrocarburos: El tratamiento político y demagógico que se dio en el Congreso a la nueva Ley de Hidrocarburos no permitió elaborar una ley que, buscando el mayor beneficio posible para el país, sea justa, equitativa, previsora y capaz de conjurar futuras complicaciones.

La nueva Ley promulgada en el Congreso, a más de sus incoherencias, incurrió en dos graves errores:

1.La ingenua pretensión de que una nueva Ley cambiaría las condiciones pactadas en el pasado, cuando se sabe que toda ley tiene efecto sólo a partir del momento de su promulgación y que por tanto no podía modificar el marco jurídico que sirve de respaldo a los contratos suscritos con las empresas petroleras.

2.No tomó en consideración el nuevo escenario creado a partir del comunicado del Tribunal Constitucional, por el que los contratos con las empresas petroleras no podían seguir vigentes toda vez que no fueron aprobados por el Congreso como lo exige la C.P.E., por lo que asumiendo la transitoriedad de los contratos, la nueva Ley debería establecer el marco jurídico de nuevos contratos para que las empresas petroleras puedan legalizar su funcionamiento en el país.

Nuestra propuesta: Creemos que la mejor forma de interpretar el mandato popular de "ejercer el derecho propietario del gas", es recuperar la razón que no se turba y el juicio que no se obceca.

Entre la nacionalización (vía expropiación) que sin duda sería traumática para el país, y la creencia de que una nueva Ley cambiaría las condiciones pactadas en el pasado, opciones éstas que sin duda son engañosas o inconvenientes, queda una opción sensata basada en asumir que no se pueden -unilateralmente-- cambiar los contratos y en descubrir qué se puede hacer sin violar la seguridad jurídica necesaria para mantener la Fe del Estado.

En este contexto, proponemos modificar la actual Ley de modo que se posibilite una nueva relación contractual entre el estado boliviano y las empresas petroleras. Esta modificación debe basarse en que a partir del comunicado del Tribunal Constitucional, las empresas para seguir operando en el país deberían, necesariamente, firmar nuevos contratos en los que sobre la base del derecho propietario del Estado sobre los recursos naturales (según la Constitución), se reconozca, también, el derecho de las transnacionales a participar en el uso de los hidrocarburos, pues han efectuado inversiones y aplicado tecnología para hacer que el gas sea objeto de explotación y uso, de modo que en un contexto de equidad y justicia, se fije una participación igualitaria (50-50) de los hidrocarburos explotados y que el 50% perteneciente al Estado sea entregado en especie en el punto de fiscalización.

Con estas modificaciones a la actual Ley de Hidrocarburos, se conseguiría una auténtica nacionalización, pues Bolivia, dueña de los hidrocarburos, sin correr riesgos, sin hacer inversiones, tendría la libre disponibilidad del 50% de todos los hidrocarburos producidos, siendo esta libre disponibilidad, justamente, la característica principal del derecho de propiedad. Además, es esta libre disponibilidad, que no se dispone con la actual Ley, la que permitirá al estado boliviano entablar negociaciones para concretar proyectos de industrialización.

La administración y gestión del 50 % de la producción total perteneciente al Estado, se encomendaría a YPFB refundado, de modo que con eficiencia y eficacia se pueda obtener el mayor beneficio para el país, priorizando proyectos de industrialización del gas, la masificación del uso interno, y la exportación de los excedentes.

Necesidad de una planificación estratégica de desarrollo: Para que el gas sea un inductor del desarrollo nacional, es necesario que el gobierno se dote de un Plan de Desarrollo a través de varios polos de desarrollo, de modo que el conjunto de polos jerarquizados formen una red armónica de interacción y propagación.

A través de la industrialización del gas se podrían generar polos de desarrollo en diferentes regiones del país: Al sud, con la instalación de plantas de producción de diesel sintético; al este, con la explotación del Mutún empleando el gas para reducir el mineral de hierro; al oeste, (en Uyuni) con una planta de fertilizantes (que a su vez induciría a explotar el Salar); en Oruro, con la generación de energía termoeléctrica para explotar las reservas de agua subterránea y generar una verdadera revolución productiva en la región mas deprimida del país; y al centro, en Cochabamba, con la implementación de la industria petroquímica.

Si actuamos con juicio, con decisión, con racionalidad, con responsabilidad, podemos superar la actual crisis, transformando a Bolivia en un estado económicamente sustentable y socialmente justo, utopía por la que creemos que bien vale la pena apostar.

Consejo Asesor del Colegio de Arquitectos de Cochabamba

Asociación de Ingenieros Eméritos de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia - Cochabamba