Las cámaras tienen enfrente una coyuntura única aunque no exenta de precedentes históricos en lo referente a medidas políticas que resguarden la institucionalidad y el porvenir de la nación

El Congreso nacional, previamente citado para prolongar o no las labores de la legislatura en curso, se pronunciará hoy sobre la propuesta del Presidente de la República de adelantar las elecciones generales, luego de intenso ajetreo de los partidos con representación parlamentaria y del establecimiento de un "cuarto intermedio" en el bloqueo de carreteras dispuesto por el Movimiento al Socialismo y sus aliados, firmantes de un pacto antioligárquico la semana pasada.

En principio, hubo consenso entre los actores de la crisis que atraviesa el país en el sentido de que el planteamiento presidencial no se ajustaba a las prescripciones de la Constitución Política del Estado y en que, por ello mismo, diputados y senadores se verían maniatados a tiempo de considerarlo, cuando no inclinados a rechazarlo de plano, circunstancia que precipitaría una nueva renuncia "irrevocable" (figura no contemplada en la ley fundamental) del mandatario y la consiguiente sucesión legal.

Sin embargo, el problema fue visto también en su lado político, lo que podría determinar una solución de la misma naturaleza, por encima de lo netamente jurídico, demandando en todo caso una consulta al Tribunal Constitucional.

En medio de clima así de confuso y agravado por el hecho de que el Presidente hubiese omitido en su proyecto de convocatoria anticipada a la renovación de los órganos Ejecutivo y Legislativo y la elección de constituyentes, el tema de las autonomías regionales y la elección de prefectos que estaba consignada en su agenda, la aprobación por la Cámara de Diputados de la renta petrolera y el desbloqueo de las carreteras, se erigieron como factores de evidente distensión, a pesar del riesgo que todavía entraña la fórmula de 18 por ciento de regalías y el 32 de Impuesto Directo a la Producción de Hidrocarburos (IDPH).

Ante la incertidumbre reinante, la necesidad de un gran acuerdo nacional fue reiterada por importantes instituciones como la Iglesia Católica y la Confederación de Empresarios Privados, mientras que no faltó algún sector tan radical como desquiciado que se pronunció por una suerte de cataclismo.

En el ínterin, la determinación del Ministerio Público de no actuar en contra de la manida práctica del bloqueo provocó desconcierto general y hasta pedidos de renuncia de los titulares del organismo defensor de la sociedad y el Estado, a cuyo principal se sindicó de ser militante del partido de los productores de coca.

Las cámaras legislativas tienen pues enfrente una coyuntura única aunque no exenta de precedentes históricos en lo referente a medidas políticas que resguarden la instucionalidad y el porvenir de la nación.