El ex prefecto de Cochabamba habla de las fortalezas y debilidades de su gobierno que, aunque alejado del conflicto, tuvo críticas por la ineficacia administrativa

Tras casi dos años de gestión, Alfonso Camacho Peña, ahora ex prefecto de Cochabamba, se despidió del cargo asegurando que deja paz social, pero también admitiendo una baja ejecución presupuestaria.

Argumentando sus fortalezas y aceptando sus debilidades, Camacho Peña afirma que su mandato fue influido por el carácter de "transitoriedad" del gobierno de Carlos Mesa, quien recalcó esta característica desde el primer momento como presidente de la República.

Muy criticado por los consejeros departamentales y sectores sociales, el ex prefecto concluyó su mandato con una ejecución de inversión del 18 por ciento respecto a dos modificados del presupuesto del departamento y del 34 por ciento respecto al presupuesto inscrito en la Ley Financial de 136 millones de bolivianos, más de 100 millones menos del aprobado por el Consejo Departamental.

Camacho Peña habla sobre los factores que limitaron su gestión y entre ellos destaca la imposibilidad de contar con personal eficiente que maneje adecuadamente los procesos administrativos de la Prefectura divididos en cada una de las direcciones del ejecutivo prefectural.

"La gestión pública está llena de una normativa que nos ata y hace que el funcionario público opte por eludir su responsabilidad. Yo creo que este tema ha sido la parte más débil de mi gestión, no contar con un personal administrativo eficiente, que era burocratizado y que eludía su responsabilidad", afirma.

El ex prefecto cuenta que incluso hubo trámites que daban "vueltas" hasta 35 veces porque los mandos inferiores no tenían la capacidad de afrontarlos.

Un ejemplo de esto fueron los hechos del último tramo de la gestión, en el que aparecieron varios frentes sociales exigiendo el cumplimiento de proyectos como los polémicos Totora-Epizana, Tiraque-Aguirre y Parotani-Capinota que fueron suspendidos, en parte, por errores internos de la gestión prefectural.

El decreto de austeridad que rebajó los salarios de la Prefectura y prohibió la contratación de 150 funcionarios, los constantes conflictos sociales y, justamente, el carácter transitorio de la gestión, fueron los factores para que muchos profesionales rechazaran trabajar en el ejecutivo prefectural.

"No garantizábamos ni estabilidad ni continuidad", afirma Camacho Peña.

Limitaciones

Otro de los factores que limitó la gestión fue la ausencia de apoyo de un sistema político partidario.

"Es por eso que hemos tenido que enfrentar, por ejemplo, un Consejo Departamental donde uno no tenía ningún tipo de apoyo", indica el ex prefecto.

A esto se suma la aprobación de un nuevo Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) que cambia las rutas de trámites y la decisión final sobre la adjudicación y aprobación de la ejecución de proyectos.

Con el anterior sistema, era el prefecto quien daba la última palabra sobre las decisiones, y con el cambio es el Consejo Departamental el que finalmente define.

Para Camacho Peña, el nuevo SABS trabó el proceso administrativo con una ruta muy complicada. Los aspectos fundamentales de los trámites para la aprobación de los proyectos son manejados por cada dirección en la que existen responsables de contratación; luego todo pasa a la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), la cual, si da el visto bueno, envía al Consejo las carpetas y, al concluir, el Prefecto sólo formaliza las contrataciones.

"CRÍTICOS" PROYECTOS

Capinota-Parotani, Epizana-Totora y Tiraque-Aguirre. Aparentemente sólo son los nombres de proyectos de construcción de trechos de caminos, pero que, en realidad, fueron motivo de conflicto en los últimos días de la gestión de Alfonso Camacho Peña.

La negativa del Ministerio de Hacienda de no inscribir créditos públicos para estos proyectos y la suspensión de la ejecución de los mismos, ocasionaron una revuelta de regiones que llegó hasta el bloqueo de carreteras.

Se detectó que el error estuvo en la parte técnica administrativa de la Prefectura que no previó los pasos legales para lograr un crédito, el cual, además, no era concesional y no contaba con los requerimientos necesarios exigidos por el Ministerio de Hacienda de 40 años plazo, 10 de gracia y entre el 0,5 y 2 por ciento de interés.

"Si no adoptaba soluciones éramos pasibles de responsabilidad y en ese sentido suspendí todos los proyectos mientras resolvamos esto. Ya está encaminado el proceso en Hacienda para que en este reformulado pueda inscribirse el crédito", señala Camacho Peña.

Anunciado "golpe de timón"

Tras comprobar la ineficiencia de la administración interna del ejecutivo prefectural por un cerca del 40 por ciento de ejecución presupuestaria de inversión en 2004, los consejeros aprobaron el informe anual de Camacho Peña con la condición de un "golpe de timón" en la Prefectura.

Nunca pasó y finalmente casi todos los directores fueron ratificados en sus cargos y cayó sobre el ex prefecto todo el peso de las críticas.

Varios consejeros aseguraron hasta el último día de gestión de Camacho Peña que el no haber decidido los cambios a principios de año fue, en gran parte, motivo de las fallas administrativas del ejecutivo prefectural.

"Estaba previsto hacer los cambios para el 1 de febrero, pero entre medio surge la crisis regional de Santa Cruz y la convocatoria a elecciones de prefectos para julio y que nos condena a una transitoriedad. Los profesionales que nos habían aceptado renunciar e ir a la Prefectura me dijeron que no podían renunciar a sus trabajos", cuenta Camacho Peña.

En ese momento, decidió la ratificación con la idea de que sólo faltaban cinco meses para concluir el mandato, plazo que se extendió a seis y finalmente a once, tras la renuncia de Mesa y la convocatoria a elecciones generales y prefecturales para el 4 de diciembre.

Paz, diálogo y consenso

La fortaleza de la gestión de Alfonso Camacho Peña y la que guió, afirma, el inicio de su mandato fue la capacidad de concertación que se plasmó en la paz social y la reducción del conflicto social.

"Cuando me hago cargo de la Prefectura, la característica del departamento de Cochabamba es que era el epicentro de la guerra social. Nos vemos fuertemente desafiados para poder encarar con pertinencia y sobre todo con diálogo, con negociación y con concertación", asegura.

Afirma que en los seis primeros meses de su gestión se dedicó a atender conflictos y demandas en diversos municipios del departamento.

"Producto de esto, creo que en 2004 la economía regional repuntó de una manera espectacular. Todos los rubros de exportación también", indica.

Camacho Peña asegura que, aunque fue criticado por el sector empresarial cuando hubo bloqueos, se siente orgulloso de que en su gestión no se hayan enfrentado sectores sociales con la Policía.

"Yo puntualizaría que la fortaleza de la gestión ha sido fundamentalmente el tema de la tranquilidad y pacificación de la región y habría que recalcar que los conflictos últimos que tuvieron como epicentro El Alto, La Paz y Santa Cruz no tuvieron en Cochabamba un reflejo de alta conflictividad", dice.

LOS CONFLICTOS

Durante la gestión de Camacho Peña hubo conflictos sociales, pero ninguno que haya obligado a grandes enfrentamientos y otros similares.

Sin embargo, un hecho marcó la pasada gestión. La llamada "toma de la Prefectura" por parte de miembros de la Asociación de Desamparados (ADES) sorprendió a todo el departamento y a la misma Policía.

Un grupo de estas personas, dirigido por Iván Miranda, ingresó a las instalaciones prefecturales y destruyó todo lo que había a su paso, desde vidrios hasta los retratos de ex autoridades.

El hecho les costó el cargo a los jefes de Seguridad Ciudadana, de Alerta Temprana y al que fuera recientemente nombrado comandante de la Policía departamental.