La anunciada nacionalización de los recursos mineralógicos no afectará a importantes proyectos en ejecución gracias a cuantiosas inversiones de capital extranjero, según precisión del Vicepresidente de la República a propósito de lo dicho por el presidente Evo Morales en la localidad de Challapata y que fuera interpretado como adelanto de lo que su gobierno dispondría el 31 de este mes, a manera de nueva política para el sector, en recordación de lo obrado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario a principios de la década de los años 50 con los tres grandes grupos explotadores del estaño.
Hasta conocerse los alcances de la medida en ciernes, sólo se tiene a la vista la aparentemente firme decisión oficial de incorporar a los cooperativistas mineros a los debilitados cuadros de la Corporación Minera de Bolivia y no entregarles, como ellos lo demandan, el cerro Posokoni en Huanuni, además de hacer lo propio con los asentados en otros centros, mientras que los actuales asalariados de ese asiento ponen como condición para negociar la militarización de la zona, reciente escenario de cruentos enfrentamientos entre ambos bandos.
En este contexto, difícil resulta prever la suerte de la tal nacionalización, si entre medio está no sólo latente el conflicto que involucra a los dos segmentos sociales dedicados a la extracción en uno de los más ricos yacimientos del país, sino que tiende a extenderse al resto en el occidente del país, circunstancia que de no trocarse en acuerdos previos, podría determinar su prematura inutilidad, por bien intencionada que fuese.
