El Peligro De La Anomia

Frente a panorama tan fuera de lo civilizado, no cabe sino una reflexión y enmienda de gobernantes y gobernados para impedir a cualquier costo el imperio de la ley de la selva.

La quema de más de veinte bares y prostíbulos a manos de enardecidos vecinos de la ciudad de El Alto entre la tarde del pasado lunes y la víspera, es prueba contundente del peligroso estado de anomia prevaleciente en el país, manifestándose tanto en el incumplimiento de obligaciones por parte de las autoridades, como en la administración de la justicia --si así pudiera llamarse a este tipo de actitudes-- por cuenta de la población, lo que en resumen conforma un círculo vicioso que no será fácil revertir en aras de una convivencia medianamente pacífica.

En la misma línea se inscribe otro hecho registrado ya no en el altiplano sino en la capital del departamento de Santa Cruz, donde funcionarios del servicio fiscal aeroportuario se dieron a la tarea de disponer cobros de dinero en efectivo a las empresas usuarias de Viru Viru sin respaldo legal alguno, al parecer como consecuencia de un conflicto entre su sector laboral e Impuestos Nacionales, determinando que dos compañías cancelaran sus vuelos y que la parte ejecutiva del ente en cuestión, así como la propia Dirección de Aeronáutica Civil, elevasen denuncia pública de la arbitrariedad.

Ni qué decir del avasallamiento de tierras a lo largo y ancho del territorio, inclusive en perjuicio de áreas reservadas, o de la amenaza de despojo que pende sobre la cabeza de propietarios de predios no sólo en el campo, sino en la periferia de las principales ciudades, sea por obra de supuestos campesinos y comunarios, o de loteadores profesionales dedicados a estafar a familias de escasos recursos y carentes de vivienda.

Se trata, a todas luces, de la inobservancia de la ley, que de forma alarmante se apodera de la sociedad, cierto que en unos de sus estratos más que en otros y en algunos casos, como el del agro, al amparo de la política de tierras del propio gobierno central, extremo que reviste de mayor gravedad al fenómeno, a la vez que aleja la posibilidad de conjurarlo en resguardo del bien común.

Es decir que la nación se encamina hacia una suerte de limbo en el que quien más y quien menos, hace lo que le viene en gana por irrespeto a las normas o falta de autoridad que se ocupe de su vigencia, cual se dio en la urbe alteña en razón de la ausencia de una reglamentación municipal para locales de diversión cuyo funcionamiento genera inseguridad y delincuencia, a decir de los vecinos, presentando un espectáculo de ribetes similares a los de los linchamientos que allí mismo se producen con inusitada frecuencia.

Frente a panorama tan fuera de lo civilizado, no cabe sino una reflexión y enmienda de gobernantes y gobernados para impedir a cualquier costo el imperio de la ley de la selva.