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Una Asamblea polarizada
| | La Constitución Política del Estado es la Ley Fundamental que rige sobre la vida y el destino del conjunto de los habitantes de un Estado, que los representa e identifica sin exclusiones ni distingos de ninguna naturaleza y no que los divide y polariza, como está por suceder ahora
De ilusos o ingenuos han pecado quienes creyeron que la Asamblea Constituyente fue concebida como un instrumento especializado y un espacio intelectual para el debate del marco jurídico, doctrinal, sociopolítico y económico de las reformas constitucionales, y de la pertinencia de las mismas.
No nos hemos cansado de señalar, desde este mismo espacio editorial, que dicha Constituyente ha sido diseñada con no otro propósito que el de legitimar con procedimientos democráticos y constitucionales un proyecto político y un esquema ideológico y de poder de corte hegemónico, si no totalitario, que ha venido siendo meticulosamente diseñado en Bolivia en al menos el último quinquenio.
La Constituyente es, pues, la cima -o la culminación, si se quiere- de la intensa lucha por el poder que se ha librado en nuestro país en los últimos años entre fuerzas políticas emergentes con un evidente componente corporativista, y un errático sistema de partidos políticos que acabó sucumbiendo a raíz de sus propios desaciertos e inconductas y ante la fuerza de la desestabilización social permanente.
He ahí el fondo de la pelea que se ha desarrollado en la Asamblea Constituyente por el sistema de votación. Mientras el principal partido gobernante, el Movimiento al Socialismo, se ha empeñado en imponer la mayoría absoluta para la aprobación de los artículos del futuro texto constitucional, la gran mayoría de las fuerzas de oposición han cerrado filas exigiendo el cumplimiento de los dos tercios de votos que contempla la Ley.
Esa mayoría absoluta que defiende el MAS, aun a pesar de que la Ley indica lo contrario, equivale nada más y nada menos que a la posibilidad de elaborar y aprobar un texto constitucional a la medida y a la altura de los intereses del proyecto político del Gobierno. Se trata, en otras palabras, de la consumación del objetivo largamente perseguido desde dentro y fuera de nuestras fronteras.
Mienten, pues, quienes pretenden vincular la exigencia del sistema de dos tercios de votos a unos partidos políticos tradicionales que ya no existen, a una oligarquía que sólo ronda en las fantasías palaciegas, o a la conservación de ciertos esquemas de corrupción que han socavado los cimientos de la institucionalidad del Estado Nacional.
No se trata, tampoco, de un problema de mayorías y minorías como pretenden justificar equivocadamente algunos asambleístas. La Constitución Política del Estado es la Ley Fundamental que rige sobre la vida y el destino del conjunto de los habitantes de un Estado, que los representa e identifica sin exclusiones ni distingos de ninguna naturaleza y no que los divide y polariza, como está por suceder ahora.
En consecuencia, la sorpresiva huelga de hambre iniciada en el hemiciclo de la Asamblea Constituyente por los representantes de Unidad Nacional, a la cabeza de su líder, es apenas una muestra de lo que vendrá si se impone la mayoría absoluta como forma de aprobación del nuevo texto constitucional, haciendo innecesaria la presencia y opinión del resto de las fuerzas políticas y agrupaciones que, sumadas todas, representan y son portadoras del mandato popular de cerca de la mitad de los ciudadanos del país.
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