Carlos Sánchez Berzaín pide a juez que desestime querella civil en su contra

Miami, EE.UU. | EFE

El ex ministro boliviano de Defensa Carlos Sánchez Berzaín pidió a un juez de Florida que desestime las demandas civiles en su contra y argumentó que se trata de un caso "sobre diferencias políticas, no sobre violaciones de la ley", informaron hoy sus abogados.

La querellas civiles presentadas en septiembre pasado en Florida, donde reside Sánchez Berzaín, le culpan "por su papel en el asesinato de civiles durante las protestas populares" en septiembre y octubre de 2003 en La Paz (Bolivia).

"Este no es un caso sobre violaciones a la ley, y tengo confianza en que los tribunales estadounidenses tomarán la acción apropiada", explicó el ex titular de Defensa en un comunicado divulgado hoy.

Sánchez Berzaín fue ministro con Gonzalo Sánchez de Lozada, quien también fue demandado en un tribunal de EE.UU. por un grupo de bolivianos que lo acusa de la muerte de más 60 personas durante dichas protestas.

El ex ministro de Defensa aseguró que se trata de un caso de "persecución política ejecutada por el presidente de Bolivia, Evo Morales, como justificación a sus propios actos ilegales".

"Actué responsablemente, de acuerdo con las leyes bolivianas y las decisiones del Gobierno, en defensa de la democracia y la Constitución (...) durante un momento de crisis nacional", aseveró.

En una breve conversación con Efe, Sánchez Berzaín reiteró hoy que la querella civil no es otra cosa que un "tema de percepción política, un asunto político", dijo, tras señalar que prefería por el momento no formular más comentarios sobre el caso.

En la moción presentada en un tribunal de Florida, los abogados del ex hombre fuerte del Gobierno de Sánchez de Lozada señalaron que el caso "no corresponde a los tribunales estadounidenses", ya que tanto los demandantes como demandados son todos bolivianos y "los hechos ocurrieron en Bolivia".

"Estados Unidos no tiene nada que ver con este caso", puntualiza la moción de la defensa, para alegar que las querellas se fundamentan en unas "acciones realizadas por el Gobierno boliviano con el objeto de proteger a la población en medio de violentos levantamientos".

Unos levantamientos, prosigue la moción, que "acabaron por derrocar al Gobierno boliviano electo democráticamente".

En las protestas callejeras que llevaron a la salida del país de Sánchez Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y otros ministros de su gabinete murieron por lo menos 67 personas y más de 400 resultaron heridas.

La moción de desestimación apuntó que, pese a que el Tribunal Supremo de EE.UU. advierte que sus tribunales "no juzgarán los actos del Gobierno de otra nación" ocurridos en su propio territorio, "eso es precisamente lo que los demandantes piden que este tribunal haga".

Agregó que el Departamento de Estado de EE.UU. ya manifestó expresamente que, en aquellos hechos de "gran tensión social", "el ejército boliviano y la policía actuaron con moderación y fuerza proporcional a la amenaza de los manifestantes".

En ese sentido, precisó que las alegaciones de los demandantes se articulan en la "falsa reclamación" de que Sánchez Berzaín "reaccionó exageradamente" durante la represión a las protestas del 2003.

La moción denuncia que el "levantamiento armado de 2003" fue liderado por Morales y el jefe aymara Felipe Quispe, responsables del bloqueo de carreteras realizado cerca del lago Titicaca.

Asimismo, acusó a los manifestantes de aquellas jornadas del secuestro de 800 personas, incluidos cien turistas extranjeros, y de que los intentos de negociación del Gobierno boliviano fracasaran.

En septiembre de 2007, Sánchez Berzaín aseguró a Efe que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, "financió" las protestas de 2003, un movimiento de "conspiración y sedición" que, a su juicio, lideró el entonces diputado Evo Morales.