La nación quiere y espera cambios en la conducción del Estado, nadie lo niega; pero no por la vía de los hechos y, menos aun, de la fuerza bruta.

La ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente y la forma de elección de los asambleistas, por una parte, y el carácter del referéndum sobre las autonomías junto a la pregunta sobre la que habrá de basarse la consulta, por la otra, han acaparado la atención del debate político nacional, mientras que otros temas trascendentales, como la crisis económica que todavía aqueja al país, continúan en un segundo plano.

Al respecto, son numerosos los proyectos que la Comisión Mixta de Constitución analiza en la perspectiva de elevar su informe al pleno del Congreso, luego de haber recibido uno inicial del Ejecutivo, el cual fue considerado hegemónico y excluyente no sólo por la oposición en el propio parlamento, sino por cuatro distritos y diferentes sectores de opinión.

Acerca del referéndum, entretanto, la discusión se ha centrado en la vinculación de su resultado con los departamentos, como postula el movimiento cívico cruceño, respaldado por los de otros departamentos, o con la misma Constituyente, según planteamiento original del gobierno.

En este escenario, si algo debe resaltarse es la creciente voluntad de consenso que anima a uno y otro bando, a pesar de lo que fue tendencia a mantener posiciones intransigentes de cara a ambas cuestiones.

El Ejecutivo, en efecto, dio señales claras de pretender imponer su llamado a la Constituyente amenazando inclusive, nada menos que por boca de su titular, con presiones callejeras en caso de que el Congreso demorara su aprobación. Por contrapartida, el proyecto de ley correspondiente no se libró de justificadas críticas por su visión tanto sobre la elección de los constituyentes, cuanto por su elevado número, corriente que en última instancia logró una mayor apertura del primer y segundo mandatarios, sin que empero estos hubiesen disipado totalmente las inquietudes de sus eventuales adversarios ni de importantes segmentos de la sociedad, atentas las variaciones que su discurso suele experimentar de acuerdo con cuál sea la audiencia a la que va dirigido.

Algo similar se vislumbraba a propósito del referéndum, hasta que los contactos entre el Comité Cívico de Santa Cruz y el Vicepresidente de la República, encargado de tratar el asunto, derivara en una flexibilidad que podría acabar por el endoso oficial de la postura de esa institución --y quienes la respaldan--, fruto a su vez de un masivo cabildo realizado el año pasado.

No podía ser de otro modo en un régimen democrático como el actual y más allá de la votación que recibió en las elecciones de diciembre de 2005, que a momentos genera indisimulados gestos de un autoritarismo reñido con la vocación mayoritaria de la población para vivir en el marco de la juridicidad, aún a riesgo de que se la modifique.

La nación quiere y espera cambios en la conducción del Estado, nadie lo niega; pero no por la vía de los hechos y, menos aun, de la fuerza bruta.