Preocupa que este vacío de decisiones políticas en materia económica se esté produciendo en momentos en que el Gobierno debería estar aprovechando al máximo las condiciones favorables de una coyuntura que, como la actual, se presenta inmejorable para los intereses de Bolivia

Existe, en la opinión pública, la sensación de que las prioridades del Gobierno son, principalmente, de orden político antes que económico.

Los casi dos meses de la Administración de Evo Morales han estado cargados de una serie de actos simbólicos y señales orientadas, sobre todo, a reflejar el cambio de conducta y la nueva forma de gobernar.

La convocatoria a la Asamblea Constituyente -cuya instalación está prevista para agosto de este año- representa para el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) el cumplimiento de "la mitad de su programa de gobierno", según las palabras del propio Primer Mandatario.

Además de ese proceso de reforma total de la Carta Magna, el Gobierno ha emitido empeñosamente otras señales -también con fuerte contenido simbólico, porque no constituyen reformas ni decisiones de fondo- tales como la rebaja de sueldos a las autoridades jerárquicas, la aplicación de planes de austeridad en la administración pública, o la reorganización del aparato estatal en base a criterios de inclusión, pluralidad y diversidad cultural.

El lanzamiento de una campaña internacional para despenalizar los cultivos de hoja de coca y la posición oficial abiertamente crítica a cualquier política estadounidense y más próxima a regímenes como el venezolano o el cubano son, también, elementos que han caracterizado este primer tramo de la gestión del actual Mandatario.

Es oportuno remarcar que ese contexto ha sido acompañado por una secuencia de otros hechos que, si bien no están vinculados a decisiones o atribuciones directas del Poder Ejecutivo, se enmarcan en los intereses y la dinámica del actual Gobierno. La intervención del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), la inusitada celeridad que el Ministerio Público ha dado a los juicios de responsabilidades contra los antecesores del presidente Evo Morales, y la detención temporal de ejecutivos de la compañía petrolera Repsol YPF son, entre muchos otros, algunos de esos hechos.

Sólo en estos momentos, a poco menos de dos meses de haber concluido un proceso electoral, el país está viviendo los aprestos de uno nuevo; esta vez, para la elección de los 255 miembros que conformarán la Asamblea Constituyente.

Y mientras esto sucede, poco o nada se ha avanzado para despejar el manto de incertidumbre que aún envuelve a cuestiones de estratégica importancia para el desarrollo económico del país.

No existe, en los hechos, una política del Gobierno en materia de relaciones internacionales, y una muestra de ello es la casi ninguna capacidad de reacción oficial frente a la inminente pérdida de mercado colombiano de la soya. Tampoco se conoce de qué manera se pretende materializar uno de los principales ofrecimientos del actual Primer Mandatario, cual es el de nacionalizar e industrializar los hidrocarburos. Más allá de la abundante retórica sobre este particular, no deja ser una incógnita el rumbo de la política económica en los próximos cinco años. Y lo que más preocupa es que este vacío de decisiones políticas en materia económica se esté produciendo en momentos en que el Gobierno debería estar aprovechando al máximo las condiciones favorables de una coyuntura que, como la actual, se presenta inmejorable para los intereses de Bolivia, tanto en el ámbito interno como en el externo.