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Derecho de los pueblos a su libertad
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| Por: ERNESTO DAVID PEREYRA
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| Los pueblos, como las personas, tienen derecho a gozar de su libertad para desarrollarse a plenitud sin trabas ni limitaciones a su ansiedad de vivir mejor. La historia del hombre es la historia de su permanente lucha para mejorar sus medios de vida. Desde las organizaciones sociales más tribales hasta las nuestras con toda su sofisticación técnica y científica, la lucha en busca del mejor vivir es la constante de su accionar. Cuando el pasado nos cuenta de guerras ellas han estado inspiradas en el logro de la libertad, en el deseo de tomar lo ajeno o de imponer una hegemonía de sus creencias, pero, todas, con el mismo objetivo: buscar su mejor vivir, que es el que ha aglutinado a los pueblos para constituir naciones, en muchos casos, muy grandes, y estructurar con ellas los Estados modernos y poderosos que conocemos, aunque algunos, con el transcurso del tiempo, se han debilitado, entre otras causas, por las resistencias generadas en su interior debido el autoritarismo y la incapacidad de sus gobernantes, la corrupción en el manejo de la administración de los intereses públicos, el desorden junto a la falta de seguridad individual y colectiva y otras que tienen que ver con la limitación a las libertades humanas. Por tanto, esos pueblos en crisis han terminado buscando oxigenación en nuevas formas de organización social más abiertas y ágiles que estimulen su desarrollo económico, cultural y social, disminuyendo la ingerencia del poder político en el querer cómo vivir. Muchos de ellos han encontrado alivio en el sistema AUTONÓMICO que, en algunos casos, ha sido el freno a la independencia buscada en su interior; otros, como Kosovo, últimamente, no han resistido la tiranía centralista de los restos de la moribunda pero dura Yugoeslavia que dejó Tito, cuya mayoría racista serbia pretendió destruir la presencia de los albano - kosovares en la península balcánica, llegando a usar, inclusive, el más brutal genocidio. Y así, la que fue provincia serbia, cuya autonomía le fue negada, siguiendo el camino de otras de la región, buscó su independencia para construir su felicidad, seguramente con muchas dificultades, en un país soberano.
Los pueblos, con el mismo derecho que tienen para unirse tienen derecho para independizarse cuando se les hace insoportable la coexistencia con otros que se convierten en la causa de su sufrimiento; y las naciones, como las personas, no son eternas porque nacen y mueren. Negar esta verdad es desconocer la historia.
El último acontecimiento mundial del que ha sido protagonista el nuevo Estado balcánico de Kosovo debe servir de experiencia actual al nuestro, cuyos gobernantes, por ignorancia o soberbia, se niegan a reconocer la AUTONOMÍA que reclaman para sus regiones la mayor parte de los departamento del país: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, en cuya misma línea están Chuquisaca, Cochabamba y Potosí, que encuentran en el régimen autonómico el mejor modo de desarrollarse y robustecerse sin mellar la integridad nacional, empero, sin la intromisión asfixiante, perezosa y corrupta del órgano central del Estado caduco en algunos quehaceres administrativos, agravados, en este gobierno, con el beligerante y amenazador contenido racista del discurso oficial cotidiano, con la destrucción de las instituciones tutelares del derecho y de la democracia, con su abierto proteccionismo al narcotráfico y, en fin, con el camino abierto a la dictadura por su total desprecio al sistema democrático.
Las regiones del país están persuadidas de que el régimen autonómico les permitirá manejar con más racionalidad los recursos frente a la ineficiencia e incapacidad del poder central, fortaleciendo no sólo a ellas sino al país en general, puesto que ese régimen autonómico beneficiará más a los pobres, entre los que, en primer lugar, cuentan los campesinos, quienes, en casi tres años de este gobierno, no han superado en nada su miseria. Alguien ha dicho, con mucha propiedad, que la única obra que hace este gobierno a favor de los pobres es fomentar su salida al extranjero para que contribuyan con su mano de obra barata al desarrollo económico de otros países, a cambio de enviar al nuestro pedazos de su sacrificio.
El discurso que maneja el Gobierno, acusando de divisionistas de la nacionalidad a quienes lideran los movimientos autonómicos, es mentiroso, saturado de odio y es, más bien, el que induce a la desintegración nacional. El peligro está en ese discurso que podría empujar, en lo futuro, a que esas regiones, como a ocurrido con Kosovo y otros pueblos, busquen soluciones que estén más allá de las autonómicas que se les niega, entre las que no podemos ocultar la posibilidad de que, legítimamente, la encuentren en posturas independentistas, en virtud del principio internacionalmente aceptado de la autodeterminación de los pueblos, con mayor razón si esas regiones tienen la capacidad para hacerlo y tienen derecho a vivir en paz, a gozar de la libertad que todo humano ansía, y no vivir bajo la permanente amenaza, el insulto y el chantaje. Nadie tiene derecho a imponer su régimen de vida a quien no lo acepte. Si tal llegase a ocurrir, no serán esas regiones ni sus líderes los responsables de la desintegración, sino aquéllos que llegaron al poder sin preparación para gobernar y ahora creen que incendiando ciudades, matando gente, enfrentando a campesinos contra campesinos y sacrificando cruelmente a animales indefensos, podrán imponer su cultura de la arrogancia. La desintegración de la patria, si se diera --nadie que no esté en el gobierno lo desea-- tendría tres responsables: Juan Evo Morales Ayma, Alvaro García Linera y Movimiento al Socialismo (MAS), que pasarían a la historia como los sepultureros de la nacionalidad boliviana.
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