Hoy que el grueso de la sociedad habla de elecciones generales para legitimar a la clase política y sanear al propio sistema democrático nacional, es oportuno referirse a esa irregularidad prevaleciente como es el negarles a los bolivianos residentes en el exterior el derecho de acudir a las urnas y pronunciarse mediante el voto por la conformación de los poderes del Estado.

Estudios y hasta proyectos normativos a propósito existen, desde luego, aunque deben estar empolvados en los anaqueles de las oficinas fiscales, sin que nadie se proponga revisarlos y, menos aun, piense en su ejecución.

El número de bolivianos residentes fuera del país es considerable por causa de la falta de empleo que en su solar nativo les proporcione condiciones aceptables de vida, fenómeno que se ha visto en términos más patéticos todavía desde el año 1998 como resultado de la crisis económica llegada de otras latitudes a manera de reflejo y que sigue afectando a la nación.

Esa circunstancia obligada, sin embargo, no justifica que a los emigrantes se les prive de ejercitar uno de sus derechos ciudadanos fundamentales, siendo así que no sólo conservan su nacionalidad, sino que contribuyen al mejoramiento del estado interno de cosas en virtud de cuantiosas remesas de dinero.

Si se quiere legitimar al gobierno y perfeccionar la democracia, esta es la oportunidad para subsanar la anomalía que nos ocupa permitiendo que los compatriotas ausentes voten en los consulados y embajadas, como lo hace cualquier país medianamente organizado.