La única condición que el empresario Ernesto Asbún exige para suscribir el convenio de transferencia del 50 por ciento de las acciones endosadas a los trabajadores, es investigar y esclarecer todas las denuncias sobre corrupción e irregularidades administrativas, presuntamente cometida por la anterior administración, señaló ayer Carlos Di Marchi, asesor del ex presidente de la compañía.
Explicó que la nueva propuesta para legalizar la transferencia de acciones a los trabajadores fue presentada a los gerentes general y de finanzas del LAB, en procura de viabilizar la realización de la Junta Extraordinaria de Accionistas programada para el 26 de este mes.
Los ejecutivos del LAB habrían prometido una respuesta oficial en los próximos días, una vez que la misma sea analizada por los cuatro sindicatos laborales.
"Que las acciones hayan sido endosadas a los trabajadores", dijo que "no es suficiente porque el mismo está vinculado a la suscripción de un documento privado de transferencia en el que se establece la condición única de realizar auditorías externas para investigar, esclarecer y sancionar en tribunales de justicia, todas las denuncias laborales formuladas contra la administración de Ernesto Asbún".
"Lo que se pretende es precisamente viabilizar la transferencia de acciones para darle alguna alternativa a la empresa, porque la situación en la que está, no hay futuro. Para el 26 de julio fue convocada la Junta de Accionistas y si no se concreta hasta esa fecha la transferencia de acciones, lo más probable es que se postergue, por otros 15 días más, las soluciones que requiere la compañía", sostuvo.
En el momento que se firme ese documento, dijo que los trabajadores pueden ejercer de manera inmediata el derecho propietario de las acciones, previo registro de las mismas en Fundempresa y el libro de accionistas de la compañía, a tiempo de reiterar que "no existe ninguna otra condición".
Consultado si la presencia del empresario es necesaria para suscribir el convenio privado de transferencia, señaló que "el apoderado legal, Oscar Salinas, cuenta con el poder debidamente registrado, para suscribir el convenio y transferir definitivamente las acciones a los trabajadores".
ANALIZAN SUSPENDER A JUEZ ALCÓN
El Consejo de la Judicatura de La Paz no descarta la suspensión del Juez Tercero de Instrucción en lo Penal Cautelar, Constancio Alcón, investigado por la supuesta retardación de justicia que habría permitido que Ernesto Asbún, evada la justicia, según la Agencia de Noticias Fides.
El fiscal de Materia y Adscrito al caso, Genaro Quenta, inició las acciones penales contra el juez Constancio Alcón, por los delitos penales de retardación de justicia e incumplimiento de deberes.
La presidenta Distrital del Consejo de la Judicatura y presidenta del Tribunal Sumariante de la Investigación, Marlene Terán, confirmó que el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, tiene un plazo de 48 horas para elevar un informe sobre la situación del caso.
En caso de establecer y probar faltas, teniendo en cuenta que el Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo y disciplinario, analizarán la responsabilidad del juez para determinar la suspensión.
Explicó que por mucho que los jueces hayan cometido infracciones graves, la sentencia constitucional no puede proceder a una destitución. "Si el caso es muy grave, después de la investigación y la revisión de todos obrados, puede proceder la suspensión en forma inmediata", indicó.
Entre tanto, el Fiscal de Distrito de La Paz, Fernando Ganam, y el sub comandante general de la Policía, Luis Caballero, coincidieron en asegurar que sigue la búsqueda para capturar al empresario.
