La mayoría de los bolivianos, unos conscientemente y otros quizá aferrándose a una esperanza, ha decidido llevar a cabo una Asamblea Constituyente con objeto de cambiar totalmente la Constitución vigente. Ya no parece suficiente un cambio parcial, por significativo que sea, que está previsto en el artículo 230, porque existe ahora un objetivo político que tiene que ver con lo que llaman "refundar el país".
Para otros, la Constituyente es un peligro porque muchos de los que tendrán la enorme responsabilidad de redactar las nuevas normas que regirán la marcha de Bolivia, no tienen ni la capacidad ni la formación que se requiere y han sido designados por su poder de generar votación.
En todo caso, la Asamblea Constituyente es una realidad, como es una realidad también su composición y su diversidad. Los ciudadanos que hemos nacido en este país y los que lo han elegido para vivir, sentimos la incertidumbre de lo que pueda pasar porque está en juego el futuro de las actuales y futuras generaciones.
Sólo caben dos opciones: O esta Asamblea se convierte en un escenario de diálogo y concertación que busque la unidad de todos los ciudadanos, o resulta un lugar de confrontación en la que la fuerza de las presiones se imponga sobre la fuerza del diálogo y de la razón.
No debería buscarse el control con pactos para obtener los dos tercios. Ello implica repetir la negativa experiencia de alianzas coyunturales y de conveniencia más partidaria o sectaria que nacional. El Pacto por la Democracia, el Acuerdo Patriótico y otros del pasado político, sólo permitieron gobernabilidad a cambio de prebendas. Un pacto por la aprobación de una nueva ley de leyes, implicaría anular el diálogo y el necesario cambio de ideas y, lo que es más grave, dejar de ejercer la democracia y aprobar un proyecto respaldado solamente por el oficialismo, con la susceptibilidad de que además su texto esté influenciado seriamente desde el exterior, en un momento en el que la injerencia es hasta ponderada porque obviamente no se la califica como tal.
Es de esperar que Sucre, la Capital de la República donde nació la Patria, no se convierta en escenario de marchas diarias y de demandas sociales que perturbaron la paz de una ciudad que paradójicamente se llama precisamente La Paz, ni que la Plaza donde está el Teatro Gran Mariscal de Ayacucho, sede coyuntural de la Constituyente, que tiene como optimista presagio el nombre de Libertad, sea el lugar de marchas organizadas para ejercer presión.
La única fuerza ponderable debe ser la de la razón y la única manera de ejercerla debe ser mediante la libre y respetuosa expresión, en un ambiente de diálogo en busca desesperada de la concertación, que permitirá la unión de todos los bolivianos sin exclusión. Seguridad, libertad, igualdad, equidad, son principios inalterables e intrínsecos del ser humano.
Lamentablemente, el Congreso para reformar la educación está lejos de ser una experiencia saludable, porque pudo más la consigna y la participación de gente ajena al tema mismo, que finalmente se impuso sobre todos aquellos sectores que no pudieron hacer escuchar adecuadamente su voz y que al final fueron injustamente calificados como desertores, precisamente por la máxima autoridad de Educación. Las conclusiones, no son pues un buen augurio porque no son resultado de la concertación y la primera consecuencia es la división.
Lo mismo puede pasarle a Bolivia en la Constituyente. Por ello es que de las dos opciones que se vislumbran, hay que hacer votos para que sea la razón la que se imponga para beneficio de todos los que quieren una patria unida e integrada. El Presidente Morales puede pasar a la historia como un gran mandatario, si influye para que la nueva Carta Magna que regirá la vida nacional del 100% de los bolivianos, se apruebe con el consenso de todos los participantes para hacer de Bolivia un país en el que reine la independencia y la libertad.
