Si de solidaridad se trata, los medios de comunicación debieran despojarse de la tentación de caer en la espectacularidad publicitaria de uno u otro caso concreto. O se suman al manejo de la información responsable y respetuosa de la dignidad de las personas o callan y se abstienen. Hacerlo sería hasta un gesto de piedad y caridad cristiana
La dilación es cruel, la publicidad indebida lo es más. Me refiero al drama de una niña embarazada producto de una violación, cuyo manejo judicial y mediático ha rebasando los limites del respeto y trato digno que se merece cualquier persona victima de violencia sexual. Ya son dos los jueces de familia que rehusaron pronunciarse sobre un caso que debió ser tramitado de modo expedito y dentro de la máxima reserva. Han transcurrido 12 semanas del embarazo y además de las heridas psicológicas corre riesgo la salud y la vida de una niña que, junto a su familia debe revivir el dolor y la impotencia en medio del indolente procedimiento judicial.
¿De qué sirve una ley de treinta años de vigencia en nuestra economía jurídica si cada vez que se acude a la justicia nos encontramos con obstáculos que impiden dar fin a un embarazo producto de la peor de las violencias? En efecto, el articulo 266 del Código Penal reconoce que en casos de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro, incesto NO SE APLICARA SANCIÓN ALGUNA siempre que la acción penal hubiese sido iniciada…, el problema radica en que las víctimas al acudir al mecanismo legal, se sienten más expuestas que nunca a su revictimización y a una publicidad que en este caso concreto dejo "filtrar" datos que permitan identificar a la victima. ¡Vaya pepa noticiosa!
Los jueces de la niñez y adolescencia que atendieron en este caso han argumentado que no es competencia suya pronunciarse sobre la materia. Quizás tengan razón a medias, pero ya las autoridades y grupos comprometidos con la lucha contra la violencia sexual han señalado el incumplimiento del Código Niña, Niño y Adolescente que establece que estos juzgados tienen la atribución de "conocer y resolver las denuncias planteadas sobre actos que pongan en peligro la salud o desarrollo físico, moral de la niña, adoptando las medidas necesarias" Aquí, no se tomaron las medidas necesarias para resolver el caso ni se oriento para corregir el procedimiento judicial correspondiente.
Cochabamba está movilizada, no es la primera vez. Mañana será La Paz u otro lugar. Hubo jueces y algunos médicos que en el pasado se escudaron en cualquier pretexto más o menos "respetable" como la "objeción de conciencia" demorando su pronunciamiento. Lo cierto es que sobran razones para retomar la discusión, seria y militante, de la propuesta de ley que reglamenta el artículo relativo al aborto impune legalmente reconocido. ¡Hasta se sugirió el extremo de autorizar en estos casos de una suerte de "jueces y médicos sin rostro! En el pasado no fue fácil abordar la discusión de la propuesta reglamentaria, que en realidad no debiera ser necesaria. Ahora la realidad misma impone esta urgencia que, más vale no se confunda con "despenalización del aborto" que solo obstaculizaría las posibles soluciones a estos dramas recurrentes.
Si de solidaridad se trata, los medios de comunicación debieran despojarse de la tentación de caer en la espectacularidad publicitaria de uno u otro caso concreto. O se suman al manejo de la información responsable y respetuosa de la dignidad de las personas o callan y se abstienen. Hacerlo sería hasta un gesto de piedad y caridad cristiana. Casos similares de violencia abundan. Lamentablemente la mayoría opta por el silencio o por acudir a servicios ilegales y de alto riesgo para la salud de las victimas.
Si es cierto que en Cochabamba cada mes se registran 60 casos de abuso sexual y violaciones de niños y niñas, por ahora, sólo queda apoyar las campañas educativas de prevención de estos casos y sumarse a la iniciativa de la Red Contra las Agresiones Sexuales de Cochabamba, de declarar el 9 de Agosto el Día Nacional contra este tipo de violencia.
