Santa Cruz | El Deber.- El proyecto gasífero Gasoductos del Sur, antes llamado "anillo energético", suma patrocinadores. En la última reunión realizada en Buenos Aires se concretó el respaldo financiero del Banco Mundial (BM) que decidió entregar 300 mil dólares para los estudios de factibilidad.

La cifra se suma a los 150 mil dólares que dará el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) destinados al mismo fin, y que fue oficializado en la segunda cita que se llevó a cabo en Lima hace tres semanas.

El dato del aporte del BM se conoció en fuentes del Gobierno, que estuvo representado en la capital argentina por el viceministro de Hidrocarburos, Mario Candia, funcionarios de la Cancillería y el vicepresidente de

Administración, Contratos y Fiscalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, José Kreidler.

El proyecto busca asegurar el abastecimiento de gas natural para Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, a través de la habilitación de un ducto regional cuyo trazado inicial va desde Pisco (Perú) hasta Tocopilla (Chile), de 1.200 kilómetros de extensión.

Bolivia asiste como observador a las reuniones técnicas, aunque su intención es ser miembro pleno. Para ello debe haber una decisión del Presidente de la República.

El país, tomando en cuenta que es el segundo del continente con mayores reservas probadas de gas (48,7 trillones de pies cúbicos -TCF por su sigla en inglés-), fue tomado en cuenta para formar parte del proyecto como abastecedor, pues en un principio sólo se pensó en Perú, por sus reservas de Camisea (unos 13 TCF).

Los funcionarios que asistieron a la reunión en Argentina concluirán hoy con la entrega de sus reportes sobre el resultado de la misma a las autoridades públicas jerárquicas del sector, como el Ministro de Hidrocarburos y el Canciller, según voceros de esas reparticiones.

Ministro posee los reglamentos

Los reglamentos de la Ley de Hidrocarburos ya están en manos del ministro del sector, Jaime Dunn, aseguraron fuentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Su presentación depende de una decisión política antes que técnica, pues los documentos que están siendo esperados por las empresas petroleras fueron elaborados a base de ese criterio, apuntaron en dicha oficina estatal.

Los principales son aquellos que reglamentarán el cambio de contratos de riesgo compartido, y que definirá la posición de las empresas para ver si recurren a procesos arbitrales para reclamar por lo que consideran una norma confiscatoria.

De esta situación depende también la posibilidad de que se reactiven las inversiones en el rubro de los hidrocarburos, paralizados desde hace más de un año, tanto en el área de exploración y explotación, que repercutirán en la seguridad para concretar futuros contratos de exportación de gas natural principalmente.