La Paz | La Prensa.- Para el gobierno del presidente Eduardo Rodríguez, la aprobación de nuevas normas a favor de la distribución de la tierra no es una prioridad y sólo se dará continuidad a los proyectos financiados por la cooperación internacional, afirmó ayer la ministra de Desarrollo Sostenible, Martha Bozo, al consultarle si se modificará la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

"Dado el corto tiempo que tiene este gobierno y la misión primordial de dar continuidad a las actividades habituales que se están desarrollando y a los compromisos con la cooperación internacional, posiblemente el tema de nuevas propuestas a la normativa será relegada porque no es prioridad en este momento" aseguró.

Dijo que si se necesitan nuevos decretos se los analizará, pero aclaró que existe una normativa vigente que se puede aplicar para atender los requerimientos de los sectores ligados al tema de la tierra.

Bozo asumió ayer el desafío de garantizar seguridad jurídica para evitar el avasallamiento de tierras por los miembros del Movimiento Sin Tierra (MST).

La flamante autoridad reemplaza a la ex ministra de Desarrollo Sostenible, Irma Peredo -que se vio obligada a renunciar- por no actuar con prudencia en la temática de la tierra.

En el marco de la Ley INRA (1715) el gobierno de Eduardo Rodríguez y el próximo, deberán ejecutar y concluir con el proceso de saneamiento de tierras, que se cumple precisamente en 2006.

Al consultarle, qué medidas asumirá para garantizar la seguridad jurídica que demandan los representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Bozo sólo atinó a recordar que se han realizado acciones de desalojo a quienes tomaron las tierras por la fuerza.

También señaló que para que los miembros de los grupos sin tierra tengan acceso a un terruño deben realizar ahora el requerimiento al INRA, para que la entidad evidencie que no cuentan con tierras.

"Se ha verificado que algunos miembros del MST exigen nuevos terruños pese a que ya tienen parcelas de tierra", aseguró.

La ex ministra de Desarrollo Sostenible, Irma Peredo aseguró que se va porque no coincide con los criterios del presidente Eduardo Rodríguez, que busca llevar el tema de la tierra "con prudencia porque no se tomarán medidas por ser un gobierno de transición".

En ese, marco, señaló que los cambios que se pretendan aplicar al tema de la tierra, deberán ser asumidos por el Gobierno electo en las urnas el 4 de diciembre próximo.

Compromisos incumplidos

La ex ministra de Desarrollo Sostenible, Irma Peredo advirtió que el problema de la toma de tierras emergió debido a que en las anteriores gestiones se suscribieron una serie de acuerdos que comprometieron recursos, entrega de tierras y una serie de acciones que "no son legales".

Develó que la Ley INRA, sólo permitió el saneamiento del 17 por ciento de las hectáreas, lo que provocará en un futuro mediato que existan mayores confrontaciones y problemas de inseguridad jurídica.

Peredo dijo que para brindar mayor seguridad jurídica y disminuir los procesos, su despacho aprobó un Decreto, que buscaba disminuir los pasos para el saneamiento a 89 días y que la distribución de las tierras sea "técnica y no arbitraria como sucede en la actualidad".

Explicó que la norma buscaba simplificar los procedimientos para la distribución de tierras debido a que con el actual reglamento de la Ley 1715, un proceso de dotación de tierras dura 348 días.

La ex autoridad también indicó que su despacho quería poner en marcha una norma que reglamente el procedimiento de verificación de la Función Económico Social (FES) de la tierra, estableciendo un instrumento válido para medir ese cumplimiento a través del Plan de Ordenamiento Predial.

Este consiste en declaraciones juradas, y mecanismos de supervisión.

Con esta disposición, dijo la ex autoridad se buscaba evitar la "discrecionalidad y favorecer a la transparencia del funcionario público del INRA" También, según Peredo se buscaba agilizar los tiempos dentro del proceso de saneamiento y la baja de costos en pericias de campo.

Con relación el tema de la propiedad fiscal, dijo que mediante otro Decreto Supremo se buscaba la distribución de tierras fiscales para las familias pobres para que éstas sean distribuidas a través del INRA, de la Superintendencia y Comisiones Agrarias. Con la otorgación de las tierras fiscales a las familias pobres -que no son forestales- se frenaría el avasallamiento y se darían garantías de seguridad jurídica, aseguró.

Recordó que las propuestas fueron puestas en conocimiento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes), pero no fueron aprobados porque "consideraron que es un tema muy delicado".