Por lo dicho, en un país carente de políticas preventivas, carente de personal calificado para la investigación de delitos, con un sistema judicial lento y con un sistema penitenciario que en lugar de reinsertar al reo en la sociedad lo confina al submundo del hacinamiento y el contagio criminal ¿se podrá aplicar, sin más, la pena de muerte?

Cada vez que se produce un hecho criminal con características sangrientas como el ocurrido semanas atrás contra una menor de edad, la sociedad boliviana reacciona con indignación, como no podía ser de otra manera, y reclama penas más duras contra los autores. Sectores reclaman la reposición de la pena de muerte para sancionar así, con dureza y sin contemplaciones (sin derecho a indulto, diría un buen jurista), a esos delincuentes.

Recordemos que en las elecciones generales del año 2002, un candidato propuso, como base de su plataforma electoral, reimplantar la pena de muerte para sancionar asesinatos y violaciones seguidas de muerte. Claramente el planteamiento era demagógico, pero le parecía legítimo al candidato y al partido político que representaba hurgar en la psique colectiva, hastiada de ver pasear la impunidad y conseguir un buen caudal de votos. Con todo, ese partido y su candidato apenas superaron la barrera mínima que establece el Código Electoral para que una agrupación política mantenga su sigla y conserve su personería jurídica.

Aunque no podemos afirmar que la escasa votación que obtuvo quien proponía reimplantar la pena capital era el real termómetro electoral de la población sobre este sensible tema, al menos convengamos en que vale mucho como índice de opinión pública. Lo que la inmensa mayoría del país reclama es el fin de la impunidad. Es tan lacerante la realidad jurídica boliviana que son escasas las denuncias sobre graves crímenes que culminan en un proceso penal, oral y público, y con sentencia ejecutoriada.

Esto es, que las denuncias se quedan en eso, o a lo más pasan a ser investigadas -por parte de un Ministerio Público que carece de medios científicos y recursos para conseguir pruebas contundentes- y allí terminan abandonadas por el cansancio de los denunciantes y de las víctimas que no encuentran justicia.

Pero no solamente es el problema de la insuficiencia crónica del sistema de investigación del delito para dar con el paradero de los delincuentes, sino que está de por medio la lenta maquinaria judicial, salpicada también por la corrupción, que no otorga seguridad y veracidad jurídica a sus decisiones. Y para rematar, tenemos el peor sistema penitenciario de esta parte del continente.

La suma de carencias no termina allí. Bolivia carece de un plan integral de políticas preventivas, o lo que se denomina política criminal. Ésta tiene que ver con un proceso educativo conducente a inculcar a los educandos no sólo conocimientos, sino también valores. El derecho, como se sabe, descansa sobre bases axiológicas. Y la educación primaria, secundaria y universitaria deben priorizar la formación integral del ciudadano boliviano enseñándole el respeto a la vida, a la propiedad y a los derechos fundamentales de la persona humana.

La religión también desempeña un papel fundamental. Si no se construye en la mente humana el temor de Dios, introduciendo ataduras morales en el ser humano que le obliguen a vivir en paz consigo mismo y con la sociedad, sin necesidad de tener que aplastar (o matar) al prójimo para desarrollarse como individuo, será imposible pensar en un país con menos índice de criminalidad.

Por lo dicho, en un país carente de políticas preventivas, carente de personal calificado para la investigación de delitos, con un sistema judicial lento y con un sistema penitenciario que en lugar de reinsertar al reo en la sociedad lo confina al submundo del hacinamiento y el contagio criminal ¿se podrá aplicar, sin más, la pena de muerte?

Merece puntualizarse que la Constitución Política del Estado establece que la pena máxima en Bolivia es la de privación de libertad por 30 años sin derecho a indulto. Modificar esta disposición requiere de una reforma constitucional. Así que antes de alentar la reposición de la pena capital remontemos primero nuestro atraso en implantar una auténtica política criminal y terminar con la impunidad, el mejor aliado del crimen.