Entre las varias tareas inconclusas del proceso de modernización de la justicia penal iniciado con la aplicación del hoy por hoy cuestionado Nuevo Código de Procedimiento Penal, la puesta en funcionamiento del Instituto de Investigación Forense es fundamental.

Dotado en la ciudad de La Paz de equipos con tecnología de vanguardia y profesionales capacitados en el extranjero para utilizarlos, el laboratorio está prácticamente paralizado desde su inauguración, en mayo de este año, por falta de costosos reactivos para realizar pruebas químicas.

Esta deficiencia recién se hizo pública a raíz de la presión, tanto del gobierno como de la sociedad, para dar con el autor del horrendo asesinato de una niña, cuando los encargados del Instituto revelaron que les era imposible cumplir su tarea, por lo que ésta seguía siendo parte de las labores de la Policía Técnica Judicial en su propio laboratorio, que emplea métodos e instrumentos de hace más de una década.

Es evidente que hace falta más voluntad política para lograr que el Ministerio Público asuma el papel de líder que le asigna el Código citado, la cual podría traducirse, por ejemplo, en una asignación presupuestaria acorde con las demandas de su misión en condiciones eficientes.

No hacerlo así revelaría ausencia de interés en la correcta administración de la justicia.