Dieciséis días después de la elección de los representantes a la Asamblea Constituyente, la ciudad sigue llena de afiches, pancartas y banderines de propaganda política, convertidos hoy en basura que ensucia las calles. Todos los partidos y siglas políticas deben una multa por ello, pero ninguno ha pagado un centavo hasta la fecha.
El principal infractor de la ordenanza municipal 3497, que prohíbe el colocado de propaganda política en el centro histórico es Tradepa, la agrupación encabezada en estas últimas elecciones por Marianela Montenegro, seguido de Unidad Nacional, según informó el encargado de publicidad del municipio, José María de la Vega.
Sin embargo, todos los demás partidos que participaron en la elección también infringieron la norma, ya que ninguno pidió autorización para el colocado de propaganda.
"Todos son infractores, con la diferencia de que algunos han infringido más que otros", sostuvo De la Vega.
Por lo tanto, todos los partidos que pusieron propaganda deben pagar al municipio una multa de 22.500 bolivianos. Hasta la fecha, ninguno ha cumplido con esta obligación.
10 días de plazo
Los partidos tenían un plazo de 10 días posteriores a las elecciones para hacer una limpieza de la propaganda colocada en la ciudad, pero, según el Municipio, el único que las retiró fue el ex funcionario municipal y candidato por el MAS en la circunscripción 24, Pedro Lima.
"Lamentablemente, los empapelados de la señora Montenegro son difíciles de retirar", señaló De la Vega.
La Alcaldía está en pleno proceso de notificación a los partidos para que paguen su multa y retiren la propaganda que colocaron. Se les notifica tres veces, con un lapso de dos a tres días entre uno y otro aviso. El viernes se concluirá con este proceso. De no haber respuesta, el municipio iniciará acciones por la vía coactiva.
De la Vega informó que, de no existir ninguna respuesta, el municipio a través de sus diversas instancias realizará la limpieza de la ciudad la subsiguiente semana.
Más deudas
AUN, Unidad Nacional, MAS y Podemos infringieron la norma durante la campaña para las elecciones presidenciales y prefecturales, pero tampoco han pagado la multa de 22.500 bolivianos hasta la fecha.
"Lo que ocurre es que muchas veces es muy complicado ubicar a los representantes de las fuerzas políticas porque muchos aparecen sólo cuando hay elecciones. Es una constante de ir venir, hacernos tratar mal y rogarles. Y no siempre tenemos una respuesta favorable", explicó De la Vega. Por lo tanto, una resolución determinativa faculta al municipio a cobrar por la vía coactiva, lo que implica la anotación preventiva de bienes.
"En anteriores gestiones, no existía la voluntad o la preocupación por sancionar a los infractores, pero en esta nueva gestión lo que estamos tratando de hacer es cumplir con todas las normas vigentes", aseguró el funcionario.
