Una reflexión necesaria

Cuando se encuentra en juego el futuro de miles de trabajadores, expresado en la cifra de más de tres mil millones de dólares, las dudas no pueden estar demás, por cuanto una decisión sobre el manejo de la administración de pensiones afectaría a la totalidad de los trabajadores formales del país

El anuncio de la preparación de una propuesta para devolverle al Estado la administración del sistema de pensiones ha provocado una serie de reacciones en el país.

Según se ha podido conocer de los adelantos de la propuesta, se trata de un retorno al antiguo sistema de reparto con la administración del Estado, dejando de lado a las administradoras privadas de pensiones (AFP"s), que hace más de una década manejan los recursos de los trabajadores bolivianos. Con la propuesta no se afectaría al sistema de capitalización individual que entró en vigencia junto al nuevo sistema a mediados de los noventa.

En los hechos, la idea no es nada novedosa y significa un retorno al manejo público de los recursos de jubilación de los trabajadores, algo que preocupa a muchos bolivianos si se tiene en cuenta los antecedentes del manejo discrecional y hasta delincuencial que hicieron funcionarios estatales de fondos públicos. Son numerosos los casos del pasado en los que el Estado tuvo que asumir los delitos de administradores que fueron elegidos, en la mayoría de los casos, a dedo por las autoridades políticas de turno.

Cuando se encuentra en juego el futuro de miles de trabajadores, expresado en la cifra de más de tres mil millones de dólares, las dudas no pueden estar demás, por cuanto una decisión sobre el manejo de la administración de pensiones afectaría a la totalidad de los trabajadores formales del país.

Por ello que cualquier propuesta debe ser tratada con la debida seriedad expresada en la consulta con los sectores implicados. No es ni justo ni racional que sólo algunos sectores con medidas de presión exijan un cambio al sistema de pensiones cuyas consecuencias son inciertas, puesto que no existe ningún indicio para creer que los funcionarios actuales, o los que vengan después, sean menos proclives a los actos irregulares que sus predecesores de hace diez o quince años atrás.

En este sentido, es necesario afirmar que el discurso del actual gobierno sobre un cambio en la administración del Estado se ha quedado en el papel, puesto que las prácticas políticas respecto al manejo arbitrario de los bienes públicos son una realidad y, por lo tanto, la institucionalidad basada en los méritos profesionales y éticos es todavía una fantasía nacional.

Es importante que la reflexión basada en los datos de la realidad se imponga al criterio dogmático de quienes exigen un cambio incierto y dudoso, puesto que la historia ha mostrado que los gobernantes responsables se diferencian de los que no lo son, por las decisiones que toman pensando en el futuro de los gobernados antes que en las ideologías o intereses sectoriales de cualquier tendencia política, sea de izquierda o derecha.