Aceiteros maduran medidas y dicen que Gobierno cerró puerta a diálogo

Dicen que el nuevo decreto perjudica más a la industria

Los Tiempos y agencias

Los empresarios de la industria aceitera determinaron ayer descartar el diálogo con el Gobierno y analizar hasta hoy las medidas de presión contra los decretos que prohíben la exportación de aceites comestibles y fijan una banda de precios para la venta.

El presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Ramiro Monje, informó anoche que en un encuentro del sector, ayer, se determinó convocar para esta tarde en Santa Cruz a todos los actores de la cadena agro productiva y determinar las medidas que tomarán.

Monje también descartó que asistan al diálogo convocado por el Gobierno, al considerar que es éste el que cerró la puerta a esa posibilidad.

"Nosotros hemos estado buscando el diálogo con el Gobierno y nos han aceptado; hemos planteado ir a conversar a La Paz y como respuesta más bien se ha decidido sacar el decreto. La intención del Gobierno no es de ningún tipo de diálogo", indicó.

La aprobación del nuevo Decreto Supremo 29519, que fija precios para el aceite en el mercado interno, provocó la suspensión de una reunión para negociar, entre ambas partes, fijada para hoy.

Los empresarios también reiteraron que podría haber un pronto colapso de la industria aceitera, ante la prohibición.

El presidente de la Cámara de Industria Comercio Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Eduardo Paz, señaló que si el Decreto Supremo 29519 se implementa habrá "una destrucción del sistema productivo, por ende pérdida de empleos, no habrá inversiones en el sector y que la inflación se incrementará".

La oposición se manifestó con una amenaza legal. El diputado de Podemos, Pablo Klinsky, presidente de la brigada parlamentaria de Santa Cruz, anunció la presentación de amparos constitucionales contra las medidas aprobadas por el Gobierno.

"Vamos a plantear dos recursos en contra de estos decretos que afectan directamente a la producción; uno será planteado en la ciudad de La Paz por ser el lugar donde se emitieron los decretos y el otro puede plantearse en el lugar donde causa efecto, en este caso las industrias de Santa Cruz", explicó.

Entre tanto, el Gobierno mantuvo su posición y reiteró su convocatoria al diálogo con el sector industrial.

Fino

En la empresa Industrias de Aceites Fino, los empleados esperan la pronta reanudación de la producción para exportación.

Adolfo Canaza, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Aceites Fino, dijo que los aproximadamente 30 trabajadores de la planta de Cochabamba, que hace una semana tomaron vacaciones ante la paralización de labores, se encuentran con expectativa para retornar a la empresa en una fecha aún no fijada.

"Seguramente poco a poco los trabajadores que están de vacaciones van a retornar a la empresa. Es interés de todos comenzar a trabajar otra vez y esperamos una nueva programación de producción", agregó Canaza.

El pasado lunes, la empresa determinó parar la producción ante la prohibición para exportar aceite. Esto fue criticado por el presidente Evo Morales, quien amenazó con "nacionalizar" a las empresas aceiteras que no quieran producir afectando a trabajadores y consumidores.

SOYA

La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) dijo ayer que podría vender soya al Gobierno a 415 dólares la tonelada, siempre y cuando el Poder Ejecutivo demuestre dónde adquiere a ese precio.

El dirigente del sector, Reinaldo Díaz, dijo que el precio de la soya en el mercado internacional está cerca a los 500 dólares la tonelada y en Rosario (Argentina), entre 460 y 470 dólares.

IBCE observa "coincidencia"

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) observó ayer que existe un paralelo entre el Decreto Supremo 29524 aprobado la semana pasada, que fija un banda de precios para dar vía libre a la exportación de aceites, con otra norma en Venezuela que impide la libre importación de aceites bolivianos, según un comunicado de prensa.

El presidente del IBCE, Ernesto Antelo, explicó que la nueva medida gubernamental boliviana es un "calco a la inversa" de la norma similar en Venezuela, que en lugar de resolver, más bien empeoró el desabastecimiento de alimentos en aquel país.

Indicó que el decreto 29524 establece que en Bolivia ahora hay la necesidad de tramitar un "Certificado de Suficiencia de Abastecimiento" para poder exportar aceites, mientras que en Venezuela se exige el trámite "Certificado de No Producción o Producción Insuficiente", siendo los gobiernos quienes controlan el otorgamiento o no, de los indicados documentos.