Magistrada pide juicio contra García Linera

Los Tiempos y Correo del Sur

El presidente de la República, en ejercicio, Álvaro García Linera, deslindó anoche responsabilidad en la demora de la designación de nuevas autoridades judiciales y dijo que tomaba como una "queja", la demanda penal presentada en su contra por la única magistrada en funciones en el Tribunal Constitucional, Silvia Salame.

Salame pidió ante la Fiscalía General el enjuiciamiento del vicepresidente de la República, por incumplimiento de deberes, "porque, en su condición de presidente del Congreso Nacional, no ha convocado a sesión para la designación de magistrados" de ese tribunal y a causa de las acefalías ese órgano "se encuentra completamente paralizado desde marzo pasado".

Al respecto, García Linera dijo entender la preocupación de la tribuna, pero que estaba claro que la responsabilidad de esa situación, de la tardanza en las designaciones era la ineptitud de la Comisión Mixta de Constitución, presidida por la oposición el senador de Podemos Luis Vásquez Villamor o la "complicidad de éste, acostumbrado a las viejas prácticas de prebenda", para que no pueda avanzar.

"Veremos que la verdad se imponga. Entiendo como una queja la demanda de la magistrada y espero que pueda ser respondida, rápidamente por la Comisión, que haga su trabajo y viabilice la elección de las nuevas autoridades", remarcó García Linera.

Salame dijo que más de 2 mil demandas están paralizadas desde la renuncia en octubre pasado de tres magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos la presidenta. "El estado de acefalía institucional ha llevado a Bolivia a una situación de anomia que se aproxima a la anarquía, la misma que es totalmente atribuible al presidente del Congreso, Álvaro García Linera", dice la demanda.

El diputado oficialista Jorge Silva afirmó ayer, que la Comisión Mixta de Constitución intentará retomar el trabajo para esas designaciones, pero será casi imposible aprobarlas antes de finales de este mes.

La Comisión debe definir la fecha de exámenes, orales y prácticos, de postulantes al Tribunal Constitucional y Fiscal General de la República, además de señalar el tipo de prueba para los vocales de la Corte Nacional Electoral (CNE).

Según Silva, miembro del Comité de Constitución, se intentará hoy reinstalar la sesión, después que el presidente de la Comisión Mixta, Luis Vásquez Villamor, dictó el pasado jueves un cuarto intermedio por falta de quórum.

"Ciertamente para mañana estamos convocados a sesión plena en la que esperamos que todos los miembros de esta comisión tanto senadores como diputados asistan y de esta manera acelerar el trabajo de designaciones a cargos públicos", indicó el legislador oficialista.

La pasada semana se postergó en dos oportunidades la sesión de la Comisión por ausencia de senadores tanto opositores y oficialistas, quienes justificaron con falta de convocatoria y en otros casos licencia.

Suprema revisa el pedido

Según los procedimientos, la Corte Suprema de Justicia, a pedido de la Fiscalía, solicitará al Congreso la autorización para el enjuiciamiento del Vicepresidente de la República, el cual deberá ser aprobado por dos tercios de votos de los legisladores, que no lo tiene la oposición ni el oficialismo.La Corte Suprema de Justicia se pronunciará sobre el pedido de juicio penal contra el Vicepresidente de la República, en los próximos días, así anunció el presidente del máximo Tribunal Supremo de la Nación, Eddy Fernández, al confirmar que ese órgano está ya en conocimiento de la denuncia.

Será una de las salas penales la que inicie la tramitación y la Sala Plena la que autorice o no el inicio de investigación penal.

Salame argumentó ayer que vanos fueron los esfuerzos del Tribunal Constitucional (TC) exigiendo la designación de nuevos magistrados tras la renuncia de nueve de sus miembros, cuatro durante el gobierno de Evo Morales, razón por la que tomó esa determinación.

Según Salame, denunció al presidente del Congreso Nacional por los delitos de incumplimiento de deberes y la Constitución por no convocar a un Congreso ordinario o extraordinario para la designación de magistrados pese a que desde que se registraron las renuncias, se efectuaron dos convocatorias a Congreso, uno en abril de 2003 y otro en octubre de 2007.

La acusación cita los supuestos delitos penales de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e impedir o estorbar el ejercicio de funciones.

La designación de magistrados está estancada en el Legislativo por pugnas políticas entre el oficialismo y la oposición.