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Bolivia pide a empresas que congelen arbitrajes en BM por nacionalizaciones | | 22-07-2008 - 11:37 h. | | La Paz | EFE
El Gobierno de Bolivia pidió a dos de las multinacionales afectadas por su política de nacionalizaciones que congelen los procesos de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones del Banco Mundial (CIADI), informó hoy el diario La Razón.
El ministro de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, pidió "una pausa en los arbitrajes y retornar a la mesa de diálogo" a la multinacional italiana Telecom y a la británica Ashmore, según el matutino.
Tanto Telecom como Ashmore han impulsado procesos de arbitraje ante el CIADI por las nacionalizaciones de sus filiales bolivianas, Entel y Transredes, respectivamente, decretadas este año por el presidente Evo Morales.
Arce planteó la pausa al regresar de Washington, donde acudió para asistir a una audiencia celebrada en el CIADI por el caso de Entel, empresa nacionalizada por el Estado boliviano y por la que Telecom ha planteado un arbitraje por 350 millones de dólares.
En mayo de 2007, el Gobierno boliviano anunció su abandono del CIADI porque, según declaró entonces el presidente Morales, ese órgano solo "castiga a los pueblos" con fallos favorables a las empresas.
El Estado boliviano se enfrenta en el CIADI y otros organismos de arbitraje a demandas por un valor de 925 millones de dólares por los procesos interpuestos por cuatro multinacionales, cuyas inversiones fueron nacionalizadas o sus contratos rescindidos.
La mayor demanda, por una suma de 500 millones de dólares, fue presentada en junio pasado por Ashmore, por la intervención de Transredes, que opera el transporte de gas y petróleo en el país.
La segunda demanda en importancia es la de Telecom, por 350 millones de dólares presentada por el caso Entel.
De su parte, Gas Transboliviano, participada por compañías como Transredes, la brasileña Petrobras y la anglo-holandesa Shell, presentó este año una demanda por 35 millones de dólares por un conflicto tributario.
La cuarta demandante es la chilena Quiborax, cuyas concesiones mineras en el salar de Uyuni fueron anuladas en 2004 por el entonces presidente Carlos Mesa (2003-2005), y mantiene una demanda en el CIADI por 40 millones de dólares.
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