La Paz | Agencias
Hoy comienza la última semana de plazo para que el Gobierno de Evo Morales y las petroleras que operan en el país lleguen a acuerdos sobre su futura relación, con la advertencia para las empresas que si no firman contratos adecuados al decreto 28701 de nacionalización deberán abandonar el país.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ratificó ayer que el "plazo fatal" se acaba esta semana y que, si no hay avances, el mayor problema será para las empresas que no adecuen sus contratos en los próximos días, no para el Gobierno. Indicó que no habrá una prórroga.
"Se acaba el tiempo para quién, para las petroleras; pero no para el Gobierno. El Gobierno ha definido un plazo de tiempo para que las petroleras se sometan a las nuevas condiciones, a los nuevos contenidos de los contratos. Por lo tanto, deberán ser las empresas petroleras las que estén mas preocupadas que el Gobierno para cerrar de una buena vez esos contratos", dijo Quintana a medios televisivos.
Según el decreto de nacionalización del 1 de mayo, hasta el 28 de octubre hay plazo para que se firmen los nuevos acuerdos, que obligan a las petroleras a entregar su producción a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a pagar más impuestos por sus operaciones en Bolivia.
Pero Quintana señaló que varios acuerdos podrían cerrarse entre el 29 y 30 de octubre. No precisó con qué empresas, aunque se especula que esto está directamente relacionado con la negociación con Petrobras y la segunda vuelta en Brasil que será cumplida el domingo 29 de octubre.
"No, no hay ampliación, lo cierto es que hay una fecha fatal para el cierre de estos contratos y estamos trabajando intensamente con varios equipos de negociación con las empresas. Por tanto, esperamos que hasta el 29 ó 30 podamos cerrar los nuevos contratos", indicó el Ministro.
Negociaciones difíciles
Aunque el Gobierno y petroleras nada han querido revelar sobre los avances en el diálogo, aparentemente el diálogo no ha avanzado en gran medida.
El mismo presidente Evo Morales dijo el viernes que había algunas empresas "como Transredes", cuyos principales socios son la anglo-holandesa Shell y un consorcio resultante de la quiebra de la estadounidense Enron, que están poniendo obstáculos para firmar.
Medios también han señalado, citando informes confidenciales, que la francesa Total no está de acuerdo con los términos del contrato que le ha planteado el Gobierno, y desde ambas partes se ha reconocido que las negociaciones con la brasileña Petrobras no son fáciles.
También se han dilatado las negociaciones con la hispano-argentina Repsol YPF. El presidente de esta compañía, Antonio Brufau, declaró la pasada semana en Lisboa que es optimista por el curso de las conversaciones con Bolivia, pero que esperaba una ampliación del plazo fijado para la firma de contratos porque el "sosiego" es bueno para todas las partes.
Las auditorías en la mesa
Los resultados de las auditorías encargadas por el Ministerio de Hidrocarburos a las operaciones de cada una de las petroleras que están en el país serán también protagonistas en esta semana de negociación.
La pasada semana, el Gobierno adelantó datos preliminares de las investigaciones que revelaron la inversión no concretada de las empresas suma unos 1.300 millones de dólares.
El Gobierno diseñó modelos de contrato para las 10 empresas que operan en Bolivia y de acuerdo a esta información, pero las autoridades aún no adelantaron resultados de la negociación en grande y menos de la letra chica.
Con una de las más grandes, la estatal Petrobras, no se ha superado la fase técnica y el ministro brasileño de Energía, Silas Rondeau, postergó su visita a Bolivia en al menos tres oportunidades.
El Ejecutivo confía que el reciente acuerdo firmado con Argentina para la venta de gas respalde el diálogo con Brasil para lograr buenos resultados.
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, señaló que las negociaciones con las petroleras pueden tener definiciones hasta en el "último minuto" del plazo. Añadió que el Gobierno no ha considerado una prórroga del plazo de negociaciones como lo ha planteado una comisión de la Cámara de Diputados que sugirió una ampliación del término en uno o dos meses para liberar de tensión el diálogo con las empresas.
