Si tres meses no han alcanzado a los asambleístas para organizarse internamente a través de un reglamento, el período restante podría resultar insuficiente para encarar una tarea de la magnitud y las proporciones que entraña la formulación de una Ley Fundamental.

Al ritmo con que la Asamblea Constituyente se encuentra aprobando su reglamento interno de debates es posible prever que el mismo pueda ser concluido en al menos dos semanas más, siempre y cuando se superen de manera satisfactoria las diferencias que todavía existen en torno a temas sensibles y polémicos como lo son la forma de votación o la conformación de las comisiones, por citar los dos más importantes.

De ser así, los constituyentes se habrán consumido tres de los doce meses que establece la Ley como plazo máximo para la redacción de un nuevo texto constitucional a ser elevado, para su aprobación final, a un referéndum nacional. No habría que desmerecer, sin embargo, el trabajo realizado en las últimas semanas, tiempo en el cual se logró avanzar en la aprobación del noventa por ciento de los artículos menos polémicos del reglamento de la Asamblea.

El punto donde nuevamente puede entrabarse el debate es, a no dudarlo, en el sistema de votación (mayoría absoluta, dos tercios o una fórmula mixta) que vaya a emplearse para la aprobación de cada uno de los artículos de la nueva Constitución. Sobre este particular, no está demás recordar que se encuentran latentes las advertencias de sectores campesinos y organizaciones sociales afines al Gobierno para hacer prevalecer la forma de votación por mayoría absoluta; en tanto que, en el otro extremo, los departamentos de la media luna también se mantienen alertas para exigir el respeto al requisito de los dos tercios de votos contemplado en la Ley.

Como se verá, la tensión entre los asambleístas no está lejos de reavivarse porque es en el sistema de votación donde se definirá, finalmente, la hegemonía del MAS o la necesidad de una amplia concertación a la hora de elaborar y aprobar un nuevo texto constitucional, dos opciones que pueden marcar, de manera definitiva, el rumbo que vaya a tomar el país en los siguientes años y probablemente décadas.

Y la disputa por el mecanismo de votación puede tornarse mucho más áspera ahora que es cuando empiezan a conocerse, aunque todavía de manera difusa, algunas de las propuestas que pretenden elevarse a rango constitucional y que pueden cambiar de forma drástica no tanto la actual composición social, política y administrativa del país como la vida del conjunto de los ciudadanos bolivianos.

A estas alturas, solo cabe esperar que la Asamblea Constituyente pueda acelerar al máximo la aprobación de su reglamento general, de manera tal que los verdaderos temas para los cuales ha sido convocada comiencen a ser analizados y tratados con la mayor amplitud, seriedad y tiempo suficientes. Y decimos esto porque si tres meses no han alcanzado a los asambleístas para organizarse internamente a través de un reglamento, el período restante podría resultar insuficiente para encarar una tarea de la magnitud y las proporciones que entraña la formulación de una Ley Fundamental que rija los destinos y la organización política, social y económica del Estado.