El Estado empleador

Se infiere que el acoso a la administración resulta masivo y permanente, peor si proviene de sectores previamente marginados.

La pequeñez del aparato productivo privado, fruto a su vez de las limitaciones del mercado interno y la falta de competitividad de los productos de manufactura nacional en el mundo del comercio exterior, hace que el Estado continúe desempeñando el papel de principal empleador en el país.

A esta realidad se ajusta, históricamente, la lucha por la toma del poder y el consiguiente reparto de empleos en la administración pública entre los militantes de la fuerza política que hubiese accedido a él.

A partir de enero de 2006 se creyó que tal práctica variaría en razón no sólo de los anuncios del entonces flamante presidente Evo Morales, sino de lo numeroso de los segmentos que lo encumbraron en el mando, circunstancia que hizo pensar en la imposibilidad material de dar acomodos múltiples en el andamiaje fiscal, por grande que éste fuera.

Ocurre, sin embargo, que las cosas no han cambiado, sino que tienden a acentuarse respecto del pasado, con el grave riesgo de que la administración quede devaluada en materia de eficiencia dadas las cualidades de las huestes prestas a abordarla, como ya puede observarse en muchos casos.

Las digresiones vienen a cuento de la denuncia en el sentido de que dirigentes del Movimiento al Socialismo comercializaban "avales" para la obtención de cargos entre militantes de esa corriente y sus afines a cambio de elevadas sumas de dinero, mientras que los líderes de estos últimos repartían recomendaciones a aspirantes a encaramarse en los estancos de la burocracia, extremo plenamente confirmado en virtud de la instrucción presidencial para que se le ponga coto, así como de disposiciones internas del instrumento que lo respalda para que en término de 30 días los presuntos autores sean investigados en la perspectiva de que reciban la correspondiente sanción.

En este contexto, se infiere que el acoso a la administración por legiones de desocupados resulta masivo y permanente, peor si proviene de sectores previamente marginados y que han debido descubrir en la afiliación partidaria, el conducto para contar con ingresos asegurados. Ello, al margen de lo que el propio Ejecutivo viene haciendo para preservar a sus simpatizantes y probablemente cumplir compromisos, como sucede con los cooperativistas asimilados a la Corporación Minera de Bolivia al parecer sin ningún plan de reactivación, aunque garantizándoles un salario mensual en una modalidad de imprevisibles consecuencias.

Pero no todo queda ahí, sino que conocida la denuncia de mención, se ha informado que el Movimiento al Socialismo procederá al empadronamiento de sus bases en un banco de datos que contenga nombres de ciudadanos "habilitados" para el ejercicio de la función pública, de manera de evitar la venta de los llamados avales y facilitar los nombramientos por parte de las autoridades superiores de gobierno.

El círculo vicioso seguirá, pues, intacto y quizá tienda a agrandarse más todavía.